La obediencia ciega del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al Ministerio de Justicia borra cualquier atisbo de dignidad institucional de la huelga del pasado 18 de Febrero a la par que dignifica la actuación valiente de los magistrados rebeldes que la secundaron. La vergonzosa actuación del CGPJ negando apresuradamente el derecho de huelga de los togados tras el apremio ministerial, se complementa y subraya con la cainita actuación posterior a la jornada de protesta delatando a aquellos que decidieron parar el miércoles pasado. Para que hablen de corporativismo.   Fiel a su afición cinegética de acechador, y en busca de piezas de negro plumaje, el dimitido D. Mariano solicitó formalmente de su amigo D. Carlos una relación nominal de los jueces y magistrados que siguieron la huelga del día 18. Según informa fuente tan fiable como es el propio Gabinete de Prensa del Ministerio de Justicia el defenestrado Sr. Fernández remitió días antes de su dimisión al Presidente del CGPJ, que lo es también del Tribunal Supremo, oficio con el siguiente tenor literal: “Vista la comunicación de ese Consejo General con el resultado de la convocatoria de huelga del pasado día 18 de febrero, ruego remitas al Ministerio de Justicia una relación nominal de los jueces y magistrados que manifestaron que se declaraban en huelga. Esta solicitud se hace a efectos de adoptar, en su caso, las medidas de carácter retributivo a que hubiere lugar”. Genio y figura.   De nuevo D. Carlos Dívar y sus compañeros en primer tiempo de saludo, ya se habían encargado de recabar de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) no sólo los datos de seguimiento e incidencia sino de quien personalmente hacía huelga. Como la zafiedad del Sr. Bermejo en aplicación de su doctrina de dominio que gusta en llamar “uso social del derecho” quizá avergüence al comportamiento lacayo de quien así se deja someter, el Secretario General del CGPJ no procedió directamente a confeccionar la lista negra de los jueces huelguistas posteriormente requerida por El Jefe, sino que simplemente se elaboró un listado de aquellos que sí acudirían al Juzgado en cumplimiento de servicios mínimos donde la huelga fue secundada. El resultado fue una “fotografía en negativo” retratando a quienes, por eliminación, sí secundaron el paro quedando perfectamente identificados y facilitando la labor al Sr. Dívar para cumplir con la orden ahora recibida de su superioridad. La función social de la caza controlando la superpoblación de las especies protegidas. Si el fondo del asunto es repugnante, el tuteo al Presidente del Tribunal Supremo y el tono en general de la requisitoria ministerial sirven de afirmación y aviso a navegantes de que quien manda, manda.