Tal como se anuncia, la huelga judicial no es más que un enfrentamiento entre poderes. Esto revela su falsedad como afirma Antonio García-Trevijano. No se reclama lo que es previo: la independencia judicial. Al gobierno le resultará fácil poner en su contra a la opinión pública, harta por otra parte del gravísimo deterioro de la justicia que se añade a la inseguridad jurídica que produce de suyo la ingente, detallista, antijurídica -en muchos casos ya persecutoria- y contradictoria legislación.   Desde que la instaurada Monarquía organizó la peculiarísima transición, nunca ha logrado llegar a ser una régimen (=orden) político, limitándose a ser una situación política, una especie de situación excepcional permanente, y el poder judicial ha sido menospreciado y maltratado por los políticos, igual que otras instituciones básicas de la Nación, el ejército por ejemplo. Los pretextos han sido siempre la “democratización” y la “modernización”. En lo que concierne a la justicia, desde la revolución francesa el positivismo jurídico ha sustituido paulatinamente al Derecho según su concepto por una de sus formas, la ley (la Legislación); la transición se ha dedicado a destruir también la ley y su concepto: la ley no es más que una orden del poder político –de la oligarquía- arreglada por las irrepresentativas Cortes. Además, para garantizar la pseudolegitimidad de la voluntad del poder se instituyó el Tribunal Constitucional. En cuanto al poder judicial, al llegar, ¡por fin!, al poder el partido socialista sin el que la Monarquía no se sentía a gusto, se cambió y falsificó definitivamente el Consejo del Poder Judicial, se facilitó la entrada de jueces con exámenes ad hoc y se inventó como una especie de quinta columna el “cuarto turno”. A todo esto hay que añadir la multiplicación de normas legales detallistas que apuntan a que el juez sea un mero ejecutor de las órdenes del poder, la introducción de figuras jurídicas innecesarias o superfluas, las legislaciones de los estadículos autonómicos, etc. Esto hace inevitable también la multiplicación como sea de los jueces y se acude al nombramiento de jueces interinos, como si la interpretación judicial de las leyes no necesitase unos específicos conocimientos; y la multiplicación de los medios necesarios. Desde un punto de vista puramente mecánico, es inevitable la degradación interna del poder judicial.   Con todo, lo más grave es que el llamado poder judicial, se ha convertido efectivamente, tanto cuantitativa y cualitativamente en un poder. Como si la función judicial fuese una rama más del gobierno. El juez no tiene en principio ninguna potestas. Esto es cosa de políticos y funcionarios. Lo propio del juez es la auctoritas: el juez es autoridad, y como tal autoridad se contrapone al poder. La auctoritas del juez es el reconocimiento social de que sabe el Derecho y que el Derecho está por encima del poder. Sin esto, la “división de poderes” se queda en nada y la huelga se reduce a una lucha entre poderes del Estado para mejorar sus posiciones en el mismo. Los jueces se habrán integrado en el poder político, que es siempre oligárquico.