La atroz y recurrente mentira pública acerca de la verdadera naturaleza del poder en esta Monarquía, con su grosera unanimidad en la ignorancia o el engaño colectivo, no puede reducirse a una mera cuestión de hegemonía cultural. Son necesarios, además, unos mecanismos de control social tan generales y potentes, que han de hallarse imbricados en las mismas relaciones de subsistencia. No pocos trabajadores, que han sufrido problemas laborales, coinciden en relatar cómo sus jefes respectivos les amenazaron con un “ya me encargaré yo de que en (el sector de que se trate) no vuelvas a trabajar”. Algo que puede tomarse como una simple bravata destinada a amenazar al demandante, o que deja entrever que la actividad empresarial de que se trate no pasa de ser concebida como un oligopolio en el que los tres o cuatro gerifaltes han tramado una especie de entente.   Derivando del Estado totalitario sin ninguna ruptura, y teniendo en cuenta las exigencias impositivas, administrativas y de regulación de la actividad económica, la parcelación normativa en autonomías o la calificación municipal de los terrenos, todo ello aderezado con un poder político, institucionalmente indiviso y descontrolado; encontramos las condiciones objetivas que favorecen la pervivencia del clientelismo, el enchufismo y la sinecura en la sociedad española. Subsiste, además, en la autoridad, el margen decisivo de discrecionalidad a la hora de exigir el cumplimiento de las leyes, por no hablar del sometimiento de los tribunales o el uso de la información privilegiada, todo mediante el vaso comunicante de las organizaciones estatales de poder. De esta forma, el éxito de no pocos negocios, u ocupar tal o cual puesto de trabajo, pueden depender, en última instancia y al menos por pasiva, de la voluntad de algún cacique de partido político.   Resulta normal que la lista de las empresas españolas más importantes esté dominada por antiguas entidades estatales y franquicias de multinacionales, coto privado del sector financiero y retiro dorado de ex políticos del Régimen. Así como que el único reconocimiento público visible de las personalidades de la cultura, del deporte o de la empresa provenga, también, de organismos estatales o subvencionados. En una sociedad así, emborronado desde arriba e inadmisible desde abajo cualquier criterio de verdad, la auténtica valía profesional se pierde en competencia con quienes prosperan mediante la lisonja y el embelecamiento.   Solamente la idea civil de la ruptura con esta pútrida Monarquía, inaugurando un proceso constituyente con libertad política, podrá devolver la dignidad y la justicia a la sociedad española. El drama es que nunca se permitirá que tal idea pueda aparecer como dominante, aunque verdaderamente lo sea, pues la incertidumbre por la subsistencia o estatus particular ante el desplome de la red clientelar, que ello significaría, impedirá saber cuándo dar el paso decisivo, paralizando los corazones que necesiten sentir aquel impulso colectivo que los arrastre.