La segunda contradicción en la que incurren los defensores del “derecho de autodeterminación” tiene lugar cuando se legitima tal pretensión en un Derecho Natural, previo por tanto al Derecho Positivo, para a continuación fundamentar tal pretensión en una legitimación histórica y fáctica que explicaría, por ejemplo, por qué Euskadi habría de tener más razones que cualquier otro ente nacional para exigir tal autodeterminación. Si tal legitimación de carácter puramente positivo se da por válida, sobra toda alusión a un derecho natural de pueblos y naciones a autodeterminarse; inversamente, si ese derecho natural se da por asumido, el Derecho Positivo no tiene más opción que doblegarse a aquello que, al parecer, es intrínsecamente justo, tan justo como el derecho del individuo a hacer de su vida lo que estime conveniente sin dañar a terceros. Los defensores del derecho de autodeterminación consideran, por tanto, que las naciones son titulares de derechos como lo son los individuos para el liberalismo clásico.   El discípulo de von Mises y de Rothbard, Hans Hermann Hoppe, en su obra “Monarquía, Democracia y Orden Natural” propugna abiertamente la abolición del Derecho Público, la supresión del Estado en tanto que ente monopolizador de la violencia legítima, según lo establece la teoría más recibida, y su sustitución por asociaciones voluntarias de individuos en las que incluso la garantía de la seguridad física de sus miembros estaría completamente privatizada. A este contexto es al que termina por remitirnos toda defensa del derecho de autodeterminación intelectualmente exigente: no es posible sostener que una comunidad política que se pretende soberana reclame para si un derecho que a su vez se le niegue a una comunidad de vecinos que se pretenda titular de un poder constituyente y con facultad de autodeterminarse.   Hoppe, uno de los más destacados contribuyentes a la teoría del “anarcocapitalismo”, sostiene la vital importancia de reconocer el movimiento secesionista, pues sabe que ello es un primer paso fundamental para la disolución de los estados nacionales en “unidades territoriales más pequeñas”, donde “será más probable que individuos económicamente independientes (…) sean reconocidos como la élite natural que legitima la idea de un orden natural de pacificadores y jueces no competitivos y financiados libremente, y una serie de jurisdicciones concurrentes como las que hoy existen en el comercio y en los viajes internacionales”.   La honestidad intelectual de Hoppe es la que no tiene una clase política defensora de un derecho bajo el que malamente se ocultan ambiciones oligárquicas de poder que el Estado de las Autonomías no ha hecho más que exacerbar.