El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, acaba de ofrecer uno de los medios por lo que pasaría la solución al eterno problema de coexistencia entre la llamada “nacionalidad histórica” vasca y la nación española: se pregunta si para el diálogo "hace falta una consulta" o "no sería mejor levantar el teléfono y convocar a los partidos a una mesa a hablar".   Patxi López (foto: Carlos H.) Primero, la pretensión de establecer un “foro de diálogo” ajeno a las propias instituciones en las cuales la ciudadanía está presuntamente representada plantea la duda sobre la auténtica naturaleza de una institución a la cual los partidos dan la espalda cuando quieren “dialogar”: no cabe más que desconfiar de unos partidos políticos que, con tal actitud, no hacen más que confirmar la tercera de las tendencias señaladas por James Meisel para caracterizar a la clase política: las “tendencias conspiradoras” o, en otras palabras, las oscuras transacciones del consenso. De la naturaleza del consenso como principio ajeno a toda idea de democracia no es necesario extenderse ahora: baste decir que la democracia no puede ser más que la organización civilizada del disenso; el consenso, en cuestiones de contenido, que trascienden el ámbito de la concreción de las reglas del juego institucional, es una idea medieval tendente al equilibrio de poder entre oligarquías. No es extraño, por tanto, que sea reclamado con tanta fruición por los partidos políticos.   Y en segundo lugar, una mesa de partidos, con representación paritaria, que vulnera la más elemental regla de prevalencia de la mayoría, es una conspiración que solo el más grande desconocimiento de las reglas del juego democrático puede aceptar. Patxi López sabe perfectamente que esa propuesta, no será sentida como una ofensa por parte de una ciudadanía a la que el Parlamento no representa; solo los propios partidos se hallan allí representados, devenidos en instituciones estatales dominadas por oligarquías no sujetas a control democrático alguno.   La mesa de partidos es solo un subproducto defendido por unos partidos a los cuales la “aritmética parlamentaria” impide una solución concorde con sus intereses; y como lo que impera es, siempre, el “consenso”, no hay más opción que la constitución de un parlamento paritario paralelo, tan carente de legitimación democrática como la propia institución parlamentaria de la que se burla.