Los diagnósticos de la crisis se dividen en dos: la crisis es financiera y la crisis es económica. No cabe duda que su causa inmediata principal es financiera (en la que, por cierto, no parece tenerse en cuenta la influencia de los petrodólares), aunque en parte es económica (exceso de construcción inmobiliaria pero no sólo eso). En realidad, se trata de una grave crisis política y social: el fracaso del Estado de Bienestar, un Estado eminentemente Fiscal y Burocrático, y de las clases dirigentes. Quizá cierre el ciclo del Estado Total. En suma, la crisis del Estado.   Ahora bien, la causa última concreta, desde el punto de vista político económico, es el abandono definitivo del patrón oro. Éste constituye un obstáculo para las manipulaciones de los gobiernos. Bajo el patrón oro, las inversiones dependen de los ahorros. Sin el patrón oro, las inversiones dependen menos de los ahorros que permite el fisco, y casi enteramente de la voluntad de los gobiernos: en términos simplistas, de la fabricación de dinero-papel a discreción de los Bancos, pero, en definitiva, de las decisiones de los Bancos Centrales controlados por los políticos.   De ahí que la política se haya reducido progresivamente a la política económica dictada por los gobiernos, cada vez más omnipotentes –los gobiernos, no los Estados-, según las opiniones, los gustos, los caprichos, las necesidades demagógicas o, simplemente, los intereses políticos. El crédito, en último término papel-moneda, ha financiado el llamado Estado de Bienestar, que sería preferible llamar Estado Providencia: el Estado como el dios mortal, el dios de este mundo. Pues, reducida la política a la economía, quien dispone del dinero crediticio manda absolutamente y hay que adorarle. Exagerando un tanto, la política se ha reducido a la lucha por disponer directamente del dinero público (impuestos y, en su caso, inflación) –el Presupuesto es la verdad de la política, decía Schumpeter- y del control del empleo del crédito. Para los mismos ahorradores, lo más prudente es invertir en lo que digan los políticos, que cuentan con el sistema fiscal y especialmente con determinados impuestos (Irpf, patrimonio, plusvalía, etc.), generalmente elevados, para “orientar”, o sea, manipular las inversiones a gusto de los políticos, sus amigos y sus clientelas.   Naturalmente, esto favorece la corrupción, puesto que, a mayor intervención del Estado, mayores son las posibilidades (y la necesidad) de hacer negocios por y con los políticos. Los Estados son hoy centros de negocios. Y no cabe duda que el aspecto financiero de la crisis tiene que ver con la corrupción, incluso legal, como la “ingeniería financiera”, motor directo de esta crisis, que nada tiene que ver con la de 1929, cuando aún no existía el extenso e intenso Estado de Bienestar. Ahora, al parecer, los gobiernos pretenden sacralizar la corrupción acudiendo descaradamente en ayuda de los causantes de la crisis.