En una sociedad sometida al estado, como la española, impera el dirigismo político. Esto supone que los sectores activos de la misma no tienen modo democrático de acceso al poder, que queda como monopolio exclusivo de los partidos políticos estatales. No puede existir, entonces, una demanda social, natural y espontánea, de determinadas normas o medidas de gobierno. Al contrario, es la casta política estatal la que pretende modelar la sociedad desde el poder, forzando legalmente las transformaciones sociales. Así lo expresan, sin el menor pudor, las innumerables declaraciones de nuestros obligatorios dirigentes con sus consabidas muletillas: “hay que introducir el debate (de tal cosa) en la sociedad…”; o “la sociedad española está preparada para (cual cosa)”. Y lo peor es que está en su mano lograrlo. El quid de esta cuestión reside en considerar que España es una “democracia moderna”, en vez de contemplar la evolución real de un estado totalitario de partido único a otro igual de totalitario pero con varios partidos, donde no ha lugar a la libertad política; aunque exista derecho de asociación y reunión; y donde hay libertad de expresión porque no puede haberla de pensamiento. Tenemos un panorama que se caracteriza por tratar de imponer:   1) La muerte de la política como cuestión del poder, quedando en algo puramente instrumental reducido al gobierno o, como suele decirse, a la “gestión”, obviando en el debate público el asunto de quién nos manda, por qué y sometido a qué controles, para evitar pensar en cambiarlo; 2) en lo ético, la eliminación de valores objetivos y universales, sustituidos por una moral relativista y hedonista que ampara un ocio evasivo de la realidad, auténtico opio de un pueblo condenado a la desigualdad en el reparto de la riqueza y a una vida laboral que detesta; 3) en lo económico, la sustitución del ideal de empresa por el de negocio a la sombra del poder, sin seguridad jurídica objetiva, negándose la competencia al monopolio compartido y produciéndose la concentración de riqueza, todo con total desprotección de la parte débil, esto es el consumidor y el trabajador; 4) en lo social, un proceso de atomización que deja a los individuos aislados y solos, a merced de un mercado laboral cada vez más duro y empequeñecidos ante un Estado de cuya providencia han de depender, y que no tolera la competencia en la formación y en la subsidiaridad con la familia tradicional que pretende disolver, dejando como únicas alternativas las organizaciones por él subvencionadas; 5) el dominio de la ocultación y la mentira al respecto, cuando no de una descarada contradicción, en el discurso público, ya sea político, periodístico o académico.   Si se nos propone el derecho a morir dignamente, es porque saben imposible para nosotros poder vivir así. Solamente al final tendremos una Monarquía Feliz.