Doña Esperanza Aguirre (Chesi-fotos CC) El País ha destapado la privatización secreta en 2006, de la asistencia sanitaria de unas 200.000 personas en Madrid por parte del Sr. Lamela, por entonces, consejero de Sanidad y todavía mano derecha de la "lideresa" del PP doña Esperanza Aguirre, ahora como consejero de transportes y presidente de una nueva empresa para la gestión y construcción de dos nuevos aeropuertos en Madrid.   El Sr. Lamela saltó a la palestra tras el escándalo de las sedaciones a enfermos terminales, por parte del servicio de cuidados paliativos del hospital Severo Ochoa. Corría el año 2005 y el Sr. Lamela, basándose en una denuncia anónima, acusó  a dicho servicio de 400 homicidios, destituyendo al responsable del mismo, el Dr. Montes, quien posteriormente quedó sin cargos tras la investigación judicial. Tan solo un año más tarde, el Sr. Lamela autorizaba la firma de un contrato secreto con la empresa Capio, mediante el cual, ésta pasaría a ser responsable de la asistencia especializada de unos 400.000 madrileños.   ¿Por qué dicha adjudicación no fue debatida en los órganos de representación de la comunidad de Madrid y ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial de esta comunidad? Si el titular de la sanidad madrileña lo consideró en su momento, un acto justo que proporcionaba una mejor asistencia a sus ciudadanos ¿qué sentido político tenia su ocultación? Si por el contrario pensó que era una medida justa pero impopular, ¿qué derecho tiene el Sr. Lamela a gobernar mediante el engaño? la ocultación de esta privatización no mejora la asistencia sanitaria ni su gestión, y sólo responde a intereses económicos particulares, el Sr. Lamela podría haber incurrido en un delito de prevaricación.   Ya que el pueblo madrileño esta lamentablemente privado del derecho a deponer a sus gobernantes cuando éstos les son desleales, sólo cabe que una justicia independiente esclarezca los hechos punibles, salvaguardando la presunción de inocencia y el honor del Sr. Lamela, y que éste  y la Sra. Aguirre asuman las responsabilidades políticas con la misma diligencia con la que se destituyó al Dr. Montes, puesto que los madrileños no pueden permitir semejante conducta conspiratoria en un representante público.