La continuidad de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular tras su segunda derrota en unas elecciones legislativas, ha sido aceptada por el aparato dirigente y apoyada por los barones territoriales, con la excepción de Esperanza Aguirre, que ha llamado la atención sobre la necesidad de una reorientación ideológica de carácter liberal que permita una vuelta al poder, dejando entrever, aunque ahora la descarte, que podría presentar una candidatura alternativa en el próximo congreso del partido.   El líder del PP tras declarar en Elche que “si alguien quiere irse al Partido Liberal, que se vaya” ha dicho recientemente que nunca se ha planteado la marcha de Aguirre, ya que ésta es un “gran activo”, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid le pidiese una aclaración sobre si quería  echarla del partido.   En estos amagos de luchas por el control ideológico y organizativo del segundo partido más votado en España, hay un transfondo mediático, en el que ciertos líderes de opinión desean marcar la línea de actuación del PP y la persona más adecuada para seguirla. El Sr. Rajoy, tras alardear de su independencia con respecto a los medios de comunicación, ha asegurado que él solo responde ante sus militantes y votantes.   Jiménez Losantos, el conductor de La Mañana de la COPE, uno de los medios aludidos, ha escrito en su blog de Libertad Digital que la invitación a irse del jefe del PP a la Sra. Aguirre es una provocación y una afrenta a su partido, “que por lo visto cree de su propiedad”; y ha pedido disculpas a todos los que ha convencido o influido para que votaran a Rajoy.   El órgano cultural hegemónico de la socialdemocracia estatal, El País, da por zanjadas todas estas divisiones intestinas, recordando en su editorial lo que impone a los partidos la Constitución: “la obligación de que su funcionamiento sea democrático”. O ésta es una rara imposición, puesto que nunca se ha cumplido o todos los partidos del régimen son inconstitucionales.   hechos significativos La Audiencia Nacional ha absuelto a una etarra para quien la Fiscalía pedía 159 años de prisión por colocar dos bombas, porque la testigo que la había identificado no fue citada a declarar en el juicio. Decenas de analistas militares fueron inflitrados por el Pentágono en los medios de comunicación para crear una opinión favorable a la guerra de Irak. El TS condena a un municipio por su pasividad ante el exceso de ruido.