En su editorial del jueves 27 de marzo, el periódico “El País” empequeñece y retuerce los motivos que mantienen todavía la huelga de los funcionarios de la administración de Justicia. Los empequeñece, al llamar la atención sobre el hecho, reconocido como parcial, de que “la huelga continúe a pesar de la escasa diferencia, apenas veinte euros, que separa a las partes en el terreno económico”. Los retuerce, al ubicarlos en una “abismal diferencia de concepto sobre la mejora salarial en discusión”, entendiendo por conceptual que los huelguistas reclamen igualdad de sueldos a igualdad de funciones, en todo el territorio español, sin admitir el agravio comparativo de que, ejerciendo las mismas funciones, ganen más en unas  Autonomías  y menos en otras.   Contra el principio indiscriminatorio, sostenido por los huelguistas, el Ministerio de Justicia se lava las manos, alegando que la gestión de los servicios traspasados, con su correspondiente presupuesto, es responsabilidad exclusiva de los gobiernos autonómicos, y que la equiparación salarial debe responder a un compromiso de mejora. “El País” afirma que “la posición del Ministerio de Justicia tiene su lógica”, pues si la gestión de los servicios es responsabilidad de cada una de las autonomías, “entonces la referencia para la equiparación de los salarios no puede ser solo y exclusivamente el agravio comparativo, sino la calidad de las gestión y del servicio prestado”.   Además de que ese “entonces” es absurdo, este sofisma presupone dos cuestiones distintas e indemostrables: 1ª, que sin Autonomías no habría discriminación salarial entre los funcionarios de Justicia y 2ª, que en las Autonomías donde tienen mejores sueldos, los servicios son de mayor calidad. Al agravio comparativo, este argumento  añade la ofensa a unos funcionarios que,  ganando menos,  prestan la misma clase y la misma calidad de servicio.   Este Diario comprende la posición de los huelguistas. Y aunque reconoce la desproporción del daño que la huelga causa a los justiciables y administrados, no es justo exigir a una sola de las partes que se comprometa a poner al día el retraso amontonado, sin que la Administración le pague horas extraordinarias para disminuir un daño causado por la lenta y recalcitrante postura estatal que la ha discriminado.   florilegio "El Estado sabe que ciertas profesiones nimbadas con halos de gloria, como las que sirven a la religión, la justicia o la ciencia, gozan de una tradición de gentileza hacia ellas, que se rompe si huelgan por motivos económicos."