Fotomontaje (Jaume D'Urgell) Cuando Maquiavelo fija los límites de la acción política, que se justifica por su exigencia de conducir a los hombres, adoptando medios exitosos, a una forma ordenada de convivencia, este filósofo renacentista separa la política de la moral y la religión. Desde aquel momento fundacional, la difusa ciencia política se ha caracterizado por una tosquedad intelectual que ha encontrado en la razón de Estado, la utilidad de la mentira en política. El prejuicio sobre la necesidad de mentir en los asuntos públicos está tan arraigado, que obstruye la pertinente reclamación social de veracidad política.   El origen de la mentira colectiva de la clase política se remonta a la huida de Luis XVI, que es presentada como un rapto, durante una Revolución Francesa en la que los partidos políticos son prohibidos porque ninguna organización colectiva podía condicionar las voluntades individuales, al margen del Estado, depositario de la voluntad general. Y precisamente, serán los partidos, abandonando su matriz social, los que se incardinen en el Estado para tutelar a una ciudadanía a la que se le niega la representación política.   Zapatero y Rajoy, ajenos al deber de ser veraces desde el Estado, circunscrito por Croce a los momentos de necesidad histórica, han desplegado su red de falsedades sin pretensiones de ser creídos, salvo cuando han insistido en acusarse de mentir, tal como han hecho sobre casi todo en el último debate televisivo: terrorismo, precios de los productos básicos, índices macroeconómicos, vivienda, agua, gasto social, salarios, obras públicas, la guerra de Irak, etc… Más allá de las tópicas abstracciones, ridículas grandilocuencias y etiquetas de identificación electoral con las que tratan de cautivar a los votantes, los arbitristas de la partidocracia no pueden desempeñar la vocación transformadora del Estado que tenían asignada unos partidos, cuya financiación militante, les permitía ser independientes y reflejar la imagen ideológica de la sociedad civil. Los partidos, que ya no son instituciones civilmente necesarias, se han convertido en centros oficiosos de reclutamiento de personal burocrático y ministerial. Aparte del elemento clásico, el monopolio legal de la violencia, habrá que añadir a la estructura del poder político, la impunidad ilegítima de la mentira de los partidos, como órganos estatales.