PEDRO M. GONZÁLEZ
La judicialización de la política se produce siempre que los partidos tienden a resolver sus diferencias mediante la desviación a procesos judiciales de cuestiones cuya solución es política. La politización de la Justicia es el fenómeno inverso, desembocando en el imperio de la Razón de Estado.
Mediante la reflexión inteligente se puede llegar fácilmente a comprender que ambos fenómenos no son sino lógica consecuencia y caras distintas de la misma moneda de la inseparación de poderes y de la dependencia judicial.
Y por muy poco riguroso que se sea en la observancia de las sanas costumbres de toda sociedad que se reclame democrática, cualquiera los contemplaría como resultados no deseados de la actuación tanto política como judicial, es decir y en suma, como corrupción institucional.
Parece no ser así para quien fuera portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Dña. Gabriela Bravo, ahora en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien afirmara sin rubor que la politización de la Justicia “no debe verse como algo peyorativo” y que la judicialización de la vida política “no se debe considerar un fracaso”.
Para la Sra. Bravo, las expresiones “politización de la justicia” y “judicialización de la política” se utilizan “con cierta frivolidad” (sic.), otras veces de una manera “absolutamente injusta y negativa” (¡!), y “normalmente de forma equivocada y peyorativa” (¿?). En su opinión, si la actuación y las funciones del juez cobran una dimensión política importante en la vida de los ciudadanos “no es peyorativo ni tampoco significa que la Justicia de este país quede mermada, quede politizada, sea menos independiente, o parcial”.
Perdone al lector las citas constantes, pero el espectacular ejercicio de cinismo de quien fue voz y representante del supuesto gobierno de los jueces lo merece, ya que, no contenta, puso la guinda recordando que desde la promulgación de la constitución de 1.978 “nos encontramos con la irrupción de los jueces en la vida política del país, pero de una forma positiva porque el protagonismo, la relevancia o la presencia de la intervención judicial en el día a día no tiene mayor justificación ni mayor causa que el cumplimiento estricto de sus funciones constitucionales de tutelar los derechos de los ciudadanos y controlar a los gobernantes respecto a sus posibles responsabilidades penales”.
Control a los gobernantes y clase política que precisamente la eligieron a ella y a sus compañeros del CGPJ para sus puestos.
