PEDRO M. GONZÁLEZ
La ausencia de separación de poderes deviene inevitablemente en la burocratización de la Justicia. Como ocurre con los partidos políticos y los sindicatos, los Órganos Judiciales se integran en la maquinaria política estatal como simples apéndices del poder único del Estado de Partidos.
Sin independencia judicial la Administración de Justicia sólo será Administración, pero nunca podrá impartir Justicia. Por eso, en este estado de Poderes Inseparados, el error judicial, lejos de ser únicamente una cuestión de orden técnico lo es de naturaleza política. No se trata de una apreciación subjetiva sino de una evidencia constatable diariamente en la práctica procesal.
Basta recordar el sorprendente caso del Secretario del Juzgado encargado del seguimiento de la ejecutoria penal al asesino de la menor Mari Luz Cortés, siendo sancionado como responsable de una falta disciplinaria grave con suspensión de empleo y sueldo de dos años, mientras que el Magistrado titular del mismo Juzgado apenas fue reprendido con una exigua multa.
Esa inicial sorpresa dejaría de ser tal al profundizar en el procedimiento sancionador en el que el Secretario Judicial encuentra reproche a su actuación profesional. Expresamente el artículo 167 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales otorga la potestad disciplinaria al Ministerio de Justicia, quien calificará las conductas y aplicará las sanciones que estime oportunas dentro del abanico que el propio Reglamento incluye.
Así, nuevamente la clase política tiene en sus manos el control de la vida judicial obteniendo la cuadratura del círculo vicioso de sus intereses: Crear una Administración de Justicia manipulada y mansa a sus aspiraciones por origen de su elección y a la vez, aparecer como salvadora de los errores de su inoperancia, desidia o simple incapacidad de una organización institucional que no sólo permite sino que directamente fomenta.
La escenificación entonces por el Sr. Bermejo de la decapitación pública del Secretario Judicial le revestía de ese halo de justiciero implacable que tanto gusta a los políticos. Que nadie se preocupe, el Sr. Ministro, causa primera y última de “lo Justo”, repararía el honor de los ofendidos. Ahora, Ruiz Gallardón y su reforma del enjuiciamiento criminal hace instructores a los fiscales, cuyo preboste máximo es elegido a dedo por el ejecutivo y al que deben obediencia jeráquica.
