PACO BONO SANZ
Justicia social, reclaman. Cuando no hay más justicia que la legal. Se hace justicia cuando la ley se aplica correctamente. ¿Puede una ley ser injusta? Por supuesto. Pero ese defecto sólo se corrige si dicha ley se deroga y se promulga una nueva que cumpla con efectividad la finalidad para la que fue creada.
Cada vez que veo a las víctimas del terrorismo encabezando manifestaciones, sufragadas en parte con las subvenciones que reciben del Estado de partidos, pienso: ¿no se da cuenta la gente de que su protesta va dirigida contra las leyes y no contra el sistema que las promulga? Como no soy jurista, evitaré hacer valoraciones sobre si las leyes antiterroristas actuales resultan justas o injustas (cometido que dejo en manos de mi amigo Pedro Manuel González); tampoco quiero menoscabar la rabia de quienes han sufrido el asesinato de un ser querido. Sin embargo, deseo hacer hincapié en el origen malvado de esas leyes calificadas por las asociaciones de víctimas como injustas, así como en la nefasta práctica del perdón colectivo. El perdón no puede ser jamás una concesión colectiva, porque pertenece al ámbito de los individuos. Nadie perdona a nadie en nombre de alguien. Una persona puede perdonar a diez, pero nunca diez personas pueden perdonar a una de forma colectiva. La explicación es sencilla; el perdón está condicionado por la memoria, por los recuerdos, por el sufrimiento que dichos recuerdos provocan en quien ha de concederlo. No existe una memoria colectiva, como tampoco recuerdos colectivos; cada sujeto tiene su propia percepción sobre lo vivido. Un mismo hecho puede ser interpretado de mil maneras subjetivas, aunque ese hecho sea en sí mismo objetivo. El perdón es voluntario y no forma parte de la justicia. Por más que perdonemos, jamás olvidaremos el daño que nos han causado. Para satisfacer el deseo natural de venganza, está la ley. Pero la ley ni elimina el dolor, ni satisface a una víctima más allá de su deseo de justicia. La víctima ha de vivir con su dolor durante el resto de su existencia; también con su rencor natural. Su perdón es un procedimiento íntimo de defensa, nada más.
¿Qué ocurre en España con las leyes? ¿Por qué el Estado se empeña en que los terroristas pidan perdón y las víctimas perdonen? ¿Acaso son conscientes del daño que esta intención antinatural y malvada provoca? Lo son, lo saben perfectamente. En España no es la Nación la que legisla, sino el Estado; he aquí el cortocircuito que existe entre las leyes y su imposible origen social. La justicia en nuestro país se encuentra supeditada a los intereses políticos del Estado de partidos. Son los partidos los que gobiernan y legislan. La sociedad civil se limita a protestar y a participar en espectáculos subvencionados, practicando una guerra de Estado contra Estado, una batalla que jamás resolverá el problema que las víctimas denuncian.
En países como Francia, EEUU o, incluso, Inglaterra, donde la Nación legisla a través de representantes de distrito elegidos de forma uninominal por mayoría absoluta, no se produce esta contradicción entre las víctimas y los verdugos, ni se induce esa obsesión de concordia, ejemplarizada por Mandela, quién simuló que había olvidado su dolor y se sentó con sus verdugos en el gobierno de Sudáfrica. Una cosa es evitar la venganza y otra hacer como si lo ocurrido no hubiera sucedido nunca. Donde no hay separación de poderes, donde no hay democracia, donde se vive en la mentira y la manipulación constantes, como sucede en España, las víctimas suplicantes toman la iniciativa ante una sociedad adormecida por un Estado cuasi totalitario que exige su martirio a cambio de su santidad, y todo para que la traición y la mentira de la oligarquía enrocada en el Estado continúen. ¡Qué barbaridad!
