PEDRO M. GONZÁLEZ
A solicitud de un buen número de lectores tras el reciente pasteleo para el nombramiento de vocales del CGPJ reproduzco en este artículo y el siguiente las imprescindibles bases para llegar a la deseable independencia judicial, como requisito indispensable para la consecución de la Democracia:
En primer lugar, cualquier propuesta seria de llegar a la independencia judicial debe incorporar la supresión de ese tribunal parajurisdiccional que es el llamado constitucional. Y es que se trata como anomalía la falta de consenso sobre la renovación de sus miembros, cuando lo que es anómalo es su propia existencia. Es una excepción inaceptable al principio de unidad de Jurisdicción y un atentado al principio de Separación de Poderes en que debe sustentarse todo sistema político que se reclame democrático.
La inconstitucionalidad de la Ley, acto administrativo o resolución judicial debe poder ser declarada por cualquier juzgado, creándose una Sala Especial en el Tribunal Supremo que resuelva en firme por vía devolutiva de recurso. La creación de un tribunal político elegido por los partidos supone un filtro último de su voluntad absolutamente impresentable. Además niega el principio de unidad de jurisdicción según el cual todas las resoluciones judiciales firmes, independientemente de quien las dicte, contienen el mismo imperium estatal entendido éste como fuerza ejecutiva. El Tribunal Constitucional es la piedra de toque sobre la que descansa el control absoluto de los partidos del estado según resulta consagrado por la nefasta jurisprudencia del Tribunal de Bonn y el inefable Lehibholz.
Continuando con las “anomalías” del sistema que impiden la independencia de la Justicia, y si bien la eliminación del Tribunal Constitucional contribuye decisivamente al avance hacia la misma, tal medida por si sola resulta insuficiente. A la atribución de competencia sobre la materia constitucional a los juzgados y tribunales ordinarios, deben sumarse otras que, a modo de guía sintética y por su utilidad que sin duda va en demérito de la calidad periodística, son las siguientes:
– Sustitución del CGPJ por un Consejo de Justicia cuyo presidente sea elegido por todo el mundo del Derecho. Desde Jueces y Magistrados, pasando por abogados, procuradores y fiscales, así como personal funcionario de la Administración de Justicia, Notarios, Registradores y profesores de las Facultades de Derecho.
– Independencia económica del Consejo de Justicia mediante un presupuesto elaborado por el mismo y sometido a la aprobación y enmienda de una Comisión Mixta formada por igual miembros de la Asamblea que del Ejecutivo.
– El control deontológico, de acceso a las profesiones libres del derecho (abogados y procuradores), de honorarios, la Justicia Gratuita y Turno de Oficio dependerán de Sala de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de cada demarcación quedando los Colegios Profesionales como asociaciones de libre adscripción.
– La Fiscalía y la Judicatura se unifican como una sola carrera a la que se accede exclusivamente por oposición, siendo una u otra simples puestos de destino. El puesto de Fiscal General del Estado debe desaparecer.
– Desaparición del Ministerio de Justicia y las Consejerías autonómicas del ramo. Sus competencias han de quedar en manos del Consejo de Justicia.
– Creación de una auténtica policía judicial que no dependa del Ministerio del Interior, sino del Consejo de Justicia y al servicio exclusivo de jueces y magistrados para la investigación criminal diferenciando así la función de policía represora del delito, de la investigadora de las causas judiciales una vez incoadas.
“El Tribunal” H. Daumier
