PEDRO M. GONZÁLEZ
Vestimentas rasgadas y rechinar de dientes ante otra decisión judicial. Esta vez la sentencia absolutoria por el desastre medioambiental del Prestige. Y de nuevo confusión, mucha confusión y nada inocente, en ninguna de las banderías políticas.
Cuando los poderes del estado no están separados resulta imposible distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal de sus actores. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son las consecuencias de esta inseparación. El control de los titulares de la jurisdicción mediante la designación de sus órganos de gobierno y puestos más relevantes en la curia pone luego en la arena judicial la discusión política. Así, los partidos tienden a dirimir judicialmente cuestiones de orden estrictamente político resultando imposible distinguir entre responsabilidades penales y responsabilidades políticas.
Otro ejemplo es la Andalucía chavista. Los escándalos económico-familiares de D. Manuel durante su largo mandato en esta comunidad autónoma han enrocado a éste en una posición defensiva que aprovecha esta imposibilidad de discernir entre ambos tipos de responsabilidades para mantenerse impertérrito en el machito. Así Chaves rehúsa cualquier responsabilidad en el orden político desafiando al planteamiento de acciones judiciales a una oposición, que enlodada en el mismo juego partitocrático y clientelar, como el caso Gürtel, les sitúa en idéntica inopia.
No es sólo cuestión de pobreza intelectual y moral de una casta política. La corrupción es de orden institucional e impide discernir la responsabilidad penal de la política en estos asuntos. La responsabilidad política deviene por sola de la designación de inútiles, golfos, nepotes o zurupetos en puestos de confianza “por ser vos quien sois”. Es de orden objetivo. Mientras, la responsabilidad penal deviene de la comisión del delito por dolo u omisión. Es de carácter subjetivo.
La posibilidad de detección y depuración de las responsabilidades políticas es inversamente proporcional al grado de separación de poderes. Mientras que en USA los casos Watergate y Lewinski aún sin responsabilidad penal de los Presidentes afectados los puso en la picota de la responsabilidad política, en España se eludió el procesamiento del jefe del ejecutivo por delitos de asesinato con la excusa de su estigmatización pública. Que mayor muestra de la confusión entre responsabilidades políticas, nunca asumidas, y las penales, que confundiéndose en una sola, avalan a fin de cuentas la irresponsabilidad absoluta de los titulares de un poder único, solo dividido funcionalmente.
