JOSE MARÍA ALONSO
En el lenguaje jurídico, la prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad y está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor público o un juez en el ejercicio de sus competencias.
En lingüística, Charles F. Hockket (firme enemigo de Noam Chomsky) incluye la prevaricación entre los quince rasgos de diseño que caracterizan el lenguaje, definiéndola como la posibilidad de transmitir información falsa, es decir, mensajes emitidos con conciencia, a sabiendas de que son falsos.
En la España de hoy, servidores públicos como el actual Ministro de Hacienda y Administraciones públicas o el Presidente del Gobierno, en el ejercicio de su cargo y hablando de la situación económica de España, transmiten en sus mensajes emitidos con conciencia información falsa a sabiendas, porque quieren que los ciudadanos crean algo que no es, y además se permiten definir su política económica en materia de presupuestos generales del Estado en los tres últimos años como presupuestos de la credibilidad, del crecimiento y el empleo, o como de recuperación y con un marcado carácter social, mientras España se ahoga en un drama social de desempleo y pobreza con unas cifras de paro que hubieran provocado una situación de emergencia nacional en otros países. ¿Es que no hay arbitrariedad a la hora de manipular los datos estadísticos para dar unas cifras irreales? ¿No son los PGE un asunto administrativo controlado por servidores públicos que afecten lo suficiente a la ciudadanía?
Pues bien, quien siendo servidor público engaña así a la población reúne los requisitos que hacen de la prevaricación un tipo penal, a saber: que la persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario, que debe estar en el ejercicio de su cargo y que la resolución injusta (en éste caso las mentiras de los presupuestos con cifras manipuladas para engañar a los gobernados) se dicte sabiendo que lo es, con el dolo que implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien.
Soy consciente de que la asociación de la prevaricación jurídica con la lingüística está traída por los pelos, puesto que es una quimera querer cargar con responsabilidades penales hoy en día a los malvados y embusteros que nos gobiernan, puesto que nuestro derecho no lo permite. Lo único que nos queda es deslegitimarles mediante una abstención generalizada y forzar un periodo de libertad constituyente, para dotar a España de un sistema democrático que purgue los excesos de la actual oligarquía de partidos, descontrolada en el gasto para los que intergran su casta de elegidos que no prescinden de asesores inútiles ni coches oficiales mientras hay niños desnutridos y padres que no pueden pagar el comedor de sus hijos en el colegio. Una vez constituída la República Constitucional en España, un poder legislativo independiente del ejecutivo y que represente a los ciudadanos podrá desarrollar la leyes necesarias que con caracter disuasorio hagan a los Gobernantes pensárselo dos veces antes de tomar a los ciudadanos por gilipollas.
