PEDRO M. GONZÁLEZ
La propuesta del Ministro de Justicia de acceso a la carrera judicial mediante el “reclutamiento” de los mejores expedientes en las facultades de Derecho tiene dos efectos inmediatos: La garantía absoluta de obediencia de los nuevos Jueces y Magistrados a la sociedad política, y el reconocimiento expreso de la politización de las de por si sumisas cátedras universitarias, controladas políticamente por adeptos al Ministerio de turno mediante el acceso a través de los muy “ad hoc” tribunales de oposición, que no pocas veces elevan la Cátedra a la categoría de auténtico retiro dorado y premio a una carrera de servicios prestados al partido.
En unas facultades de Derecho donde quien osa decir que no hay Constitución sin separación de poderes resulta autoeliminado de la vida docente, la elección de los jueces entre aquellos que obtengan las mejores calificaciones equivale a premiar el adoctrinamiento político. Dos por el precio de uno.
Naturalmente, quien debería proceder materialmente a este “reclutamiento” (palabra que alcanza así su significado íntegro) no sería sino una comisión al efecto creada en el seno del CGPJ, cuyos miembros son dependientes por elección y presupuesto de los partidos políticos.
Las ansias de poder sin freno de la clase política dan un nuevo mordisco a la vida judicial. Si la actual ausencia de poderes separados hace imposible la presencia institucional de una Justicia independiente, la propuesta del Sr. Ministro acabaría también con las honrosas excepciones de independencia de unos pocos juristas de auténtica vocación.
Jueces que han sido rara avis de los Palacios de Injusticia, apartados de la carrera judicial por aplicar las leyes en la conciencia del tratamiento igual a todos los justiciables sin importar cuantos periodistas tengan en nómina, tan siquiera hubieran accedido al ejercicio jurisdiccional. ¿Para que molestarse en atraer al bando correspondiente al Juez con los beneficios del escalafón o cargarse a quien se atreva a mostrar un asomo de independencia, si puede ser controlado desde su nombramiento?
La tendencia natural de los partidos en un estado de poderes inseparados es a remover cualquier freno o control de su actuación. La independencia judicial exige que el Juez, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan del Gobierno, del Parlamento, del electorado o de cualquier otro grupo de presión.
