ROBERTO CENTENO.
La pasada semana, en una reunión con responsables para Europa de un gran banco de inversión norteamericano, su analista jefe me dijo: “Lo que España necesita para salir de la crisis es un Estado mucho más reducido, y un sistema financiero competitivo y no oligopolístico, volcado hacia la financiación de la economía real”. Bueno, pensé, estos sí conocen la raíz de nuestros problemas. Pero, sin embargo, se quedaban cortos, y cuando empecé a contarles los detalles de nuestro modelo de Estado elefantiásico y corrupto, con los empleados públicos peor preparados de la historia de España, no daban crédito.
No podían creer que España hubiera pasado de 760.000 empleados públicos en 1975, todos por oposición y con algunos de los cuerpos de élite mejores de Europa, a más de tres millones, ya que, aunque el trabajo es hoy superior, la informatización ha hecho que en todo el mundo desarrollado el número de empleados públicos sólo haya subido marginalmente. Haberlo multiplicado por cuatro en los últimos 35 años es algo tan insólito que no ha sucedido en ningún país del planeta. Y menos se podían creer que más de dos millones hayan sido nombrados a dedo entre familiares y amigos de la casta política, de tal forma que de tener una de las mejores Administraciones de Europa hemos pasado a ser la peor y más ineficiente, y si todavía no ha colapsado es por los funcionarios por oposición que quedan aún.
En el caso de las universidades públicas, que conozco bien, Maravall, Solana y Rubalcaba serían los artífices de la destrucción de la enseñanza pública. Suprimieron las oposiciones porque seleccionar el profesorado en función de sus conocimientos era puro elitismo fascista e hicieron incompatible el trabajar y conocer en la práctica la materia que se enseña y el enseñarla. Sería sustituido por un sistema ‘progresista’ donde la ideología de izquierdas y la endogamia son la clave, lo que ha llevado a que, a día de hoy, el 85% del profesorado no está capacitado para impartir las enseñanzas a su cargo. Como resultado, el valor de las titulaciones de las universidades públicas ha caído en picado, y lo que es aún peor, la enseñanza pública ha dejado de ser el ascensor social que fue en el pasado.
De la incredulidad al asombro
Pero cuando fui descendiendo de lo general a lo particular, la incredulidad dejó paso al asombro. Su idea era que el Estado de las autonomías era una situación intermedia entre un Estado centralizado y otro federal, pero cuando les expliqué que el gasto público no centralizado en España era del 70% y el centralizado de sólo el 30%, uno de ellos me dijo atónito: “¡Cómo coño puede funcionar un país donde el Gobierno sólo controla el 30% del gasto público, es que se han vuelto locos!”. En un Estado federal, el Gobierno central controla los dos tercios del gasto. Con sólo un 30% es imposible gestionar ni política ni económicamente una nación. Los irresponsables y los traidores que han gobernado España desde la infausta Transición, con el beneplácito de un Rey dedicado de pleno a otros menesteres, han sobrepasado de largo el Estado federal y derivado hacia un Estado confederal que se encuentra al borde mismo de su destrucción.
Y esta es la clave: o se da marcha atrás al disparate autonómico con las excepciones de las comunidades históricas (aunque ni de lejos el robo a gran escala del País Vasco y Navarra, que pagan respectivamente 8.000 y 2.200 millones de euros al año menos de lo que pagarían en el régimen fiscal común corregido del costo de sus mayores competencias, y donde además sus empresas ingresan los IVA recaudados en el resto de España, el 82% de lo que venden, en las diputaciones forales -una de las cuales, Guipúzcoa, entregada por Zapatero a una franquicia de ETA- y no en la Hacienda española, ¡nuestros IVA están financiando a ETA y a los separatistas!*) o España ni saldrá de la crisis ni sobrevivirá como nación.
Luego, cuando entré en los detalles, no es que estuvieran asombrados, es que me mesaba los cabellos. Para empezar, las duplicidades entre Administraciones suponen un despilfarro de 36.000 millones de euros al año, según cálculos de UPyD; es de cárcel que el Gobierno las mantenga mientras lleva a la miseria y al hambre a millones. El que los concejales de Madrid, de Valencia y de la mayoría de grandes ayuntamientos tengan coche oficial con chófer, un sueldo superior al del presidente del Gobierno y dos asesores per capita, es un escándalo que no sucede en ningún otro país del planeta. A ello hay que añadir los 20.000 asesores nombrados a dedo, que suponen un despilfarro de más de 3.000 millones anuales sumando salarios y gasto asociado y 30.000 coches oficiales de uso personal, más que EEUU; 54 canales autonómicos, 1.500 millones de pérdidas, y más de 200 embajadas, otros 500 millones.
Además, las 2.677 empresas públicas creadas exclusivamente para colocar a familiares y amigos y para ocultar deuda, y que han incrementado sus plantillas en un 5% durante 2012,un despilfarro de 30.000 millones anuales entre salarios y gastos asociados. Cuando les explicaba que 2.677 es el número oficial, pero que el real no lo conoce nadie, que hay empresas públicas con 20 trabajadores y un Consejo de Administración de 8 personas con sueldos de 100.000 euros cada uno, que varias de las empresas creadas en 1992 para los Juegos Olímpicos de Barcelona y para el 500 aniversario del Descubrimiento todavía continúan funcionando, no podían creérselo y, sin embargo, es cierto. Las diputaciones y el Senado suponen un gasto inútil de 22.000 millones. La burocracia de Sanidad y Educación, que desde que fueran transferidas a las CCAA el costo por paciente y alumno se ha incrementado un 40 y un 30% en euros constantes, respectivamente, y cuya calidad ha caído en picado.
Los ayuntamientos, les expliqué, cuentan con 560.500 empleados públicos (última EPA), de los cuales más de 400.000 fueron nombrados a dedo. Esta cifra ingente de enchufados cuesta unos 38.000 millones de euros anuales entre salarios y gasto asociado, y cuando el Gobierno propone un tímido recorte, los alcaldes en masa responden que por encima de su cadáver. Su alternativa es subir las tasas municipales o lo que haga falta, 1.000 millones para empezar, y recortar en prestaciones y servicios lo que sea menester, 1.500 millones de momento, “pero a mi señora y a mi primo que no me los toquen”. Del total de alcaldes, casi un 75% son del PP, y tenemos que aguantar la infamia y la miseria moral de González Pons al afirmar que “todo el PP quiere reducir el gasto público”. No tienen decencia. ¿La señora Botella, con más asesores y más coches oficiales de uso personal que los de todas las capitales europeas juntas, también quiere reducir el gasto público?
Todo este conjunto de nepotismo y corrupción cuesta a España más de 100.000 millones de euros anualmente, el 10% del PIB. Adicionalmente, la ruptura de la unidad de mercado, donde cada comunidad ha desarrollado su propia maraña legislativa con casi 200.000 empleados públicos dedicados a tiempo completo a destruir España, inventando, implantando y vigilando el cumplimiento de 17 normativas diferentes, resta a la economía española, según cálculos de la CEOE, 45.000 millones de euros anualmente, el 4,3% del PIB. Mientras esto no acabe, hablar de recuperación es un insulto a la inteligencia.
Mario Draghi criticó el jueves a Rajoy, “el que sabe lo que hace”, con gran dureza por su política de subir impuestos en lugar de reducir gasto. Pero lo que no dijo es que este desastre sólo es posible por su barra libre, dando dinero sin condicionalidad alguna a irresponsables y corruptos, mientras se ha olvidado de la financiación prometida a las pymes, infinitamente más urgente y efectiva que la barra libre. ¿Acaso no es consciente Draghi de lo que supondría para España y para los españoles, y en consecuencia para Europa, prestar dinero a las pymes, que representan más del 80 % del tejido productivo al 0,75%, en lugar de dárselo a los bancos para que se lo presten a Rajoy al 3% para que lo despilfarre en gasto político y corrupción institucional? Y, si es consciente, ¿por qué no lo hace?
El rescate de las cajas ha consolidado un oligopolio bancario
En el caso del sector bancario lo tenían perfectamente claro:
Primero: el rescate de las cajas ha consolidado un oligopolio bancario con el dinero de todos los españoles. Los tipos de interés en España son los más altos de la Eurozona -a veces hasta el doble, más del 10%- a pesar de que el coste del dinero es el mismo. El abuso resulta escandaloso, “especialmente entre las familias y las pymes”, explica el BdE con un cinismo inaudito mientras no hace nada, como es su obligación, para remediarlo.
Segundo: peor aún. Han hecho recaer -BdE y Gobiernos al servicio del poder financiero- el grueso del ajuste sobre los contribuyentes, lo que no ha sucedido en ningún lugar, y con nuestro dinero han consolidado un oligopolio no vendiendo las cajas rescatadas a entidades extranjeras. El recorte de tipos del BCE no llegará a los usuarios como en el resto de la Eurozona, y esto afecta particularmente a los más necesitados. En opinión de mis interlocutores, si hubieran hecho esto en EEUU estarían todos en la cárcel.
Tercero: a pesar del expolio, el sistema bancario español, ante una deuda pública y privada del 400% del PIB imposible de pagar de la que son acreedores principales, es en conjunto insolvente. Es particularmente preocupante el volumen de deuda pública en sus carteras, casi 400.000 millones entre soberana, local y créditos comerciales, lo que liga su destino al de las Administraciones Públicas, cuya quiebra las arrastraría inexorablemente. Los depósitos están en riesgo cierto.
Cuarto: la ausencia de crédito a pymes y familias, que además sigue cayendo, es mortal de necesidad. Ningún país puede detener una recesión en ausencia de crédito al 80% de la economía productiva o con tipos de interés inasumibles.
Y en la solución estábamos de acuerdo, porque es obvia: introducir competencia en el sector bancario, bajar impuestos y recorte drástico del gasto público, suprimiendo las comunidades autónomas, la mitad de los ayuntamientos, las diputaciones y el Senado y cierre de la mitad del sistema financiero. Con eso, las posibilidades de crecimiento de España serían espectaculares.
Nada de ello será acometido por Rajoy, “el que sabe lo que hace”. Antes al contrario, ha llegado a un acuerdo diabólico con Bruselas por el que, a cambio de mantenerle la prima de riesgo, llevará a cabo una devaluación interna brutal rebajando los salarios hasta 2016, que es lo único que sabe hacer, mientras no para de dar nuestro dinero a los traidores de CiU para que financien la independencia, sus giras y sobornos internacionales para injuriar a España y a los “fachas ladrones”, que es como estos miserables que no tienen media bofetada nos denominan a los españoles. Su incompetencia, su desprecio a los ciudadanos y su cobardía patológica constituyen un peligro mortal para la economía y para la unidad de España.
(*) En el caso de las grandes empresas como Iberdrola o BBVA, se devuelven los IVA ingresados por ventas o servicios en el resto de España -aunque los ingresos fiscales de las diputaciones vascas por otros conceptos son absolutamente desproporcionados-, pero en las pequeñas y medianas no se devuelve nada.
