JAVIER TORROX.
Necesitaba un abogado, así que acudí al Colegio de Abogados. Quería información sobre distintos letrados para decidir cuál era el más adecuado para defender mis intereses. Me atendieron muy amablemente, con una sonrisa y hasta adulándome. Eso no me gustó. Y aún menos lo que siguió. Me mostraron dos documentos. En el primero encontré una relación numerada de abogados; en el segundo, los mismos abogados, ya sin numerar y en orden alfabético. Si optaba por la lista cerrada sólo me permitirían contratar a un abogado siguiendo el orden de la lista; en el otro caso, me daban la libertad de elegir uno de los abogados de la lista, pero ningún otro que no estuviera presente. Y aún más. La prohibición constitucional del mandato imperativo otorgaba a mi representante jurídico el derecho a hacer caso omiso a mis intereses y a obrar en su propio beneficio.
La escena anterior no es real. Pero sí es real. Es la aplicación ficticia a la representación jurídica de la forma de representación política vigente en España (y toda la UE, salvo Francia y Reino Unido). Así funcionaría la elección de un abogado si le aplicáramos las reglas que rigen hoy para la elección de un diputado. Y no olvidemos que diputado es el participio de diputar, es la persona que ha sido diputada como representante de otras personas para que defienda los intereses de éstos, no los de un partido y ni mucho menos los de un Gobierno. Esos ya tienen sus intereses. Y son distintos a los de los ciudadanos. ¿Cómo se atreven a usurpar a nuestros diputados, los que nos son naturales y elegidos uninominalmente de entre nuestros vecinos? ¿Quién es esta chusma de privilegiados y quién la ha investido de este inmenso poder? ¿Cómo podemos soportar ni un minuto más que esta caterva de aristócratas asesinos de la representación política -y que se eligen entre sí- se otorguen privilegios con tan evidente perjuicio para la libertad?
