JOSE MARÍA ALONSO.
La Delegada del Gobierno en Madrid ha acusado recientemente a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que acaba de recibir la confirmación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que lo que defiende es lícito y justo, de atender a intereses filoetarras, tachándoles ni más ni menos que de terroristas. Desde luego el estilo represor y propagandístico de esta mujer sería de una ignorancia vergonzante si no fuera por que es de un sadismo calculado y refinado, puesto que sabe perfectamente lo que hace. Quiere estigmatizar a la ciudadanía para poder reprimirla.
Desde ese Estado protector en el que esta elementa está incardinada y que la protege, se permite el abuso al más puro estilo estalinista de difamar a unos ciudadanos normales a los que no les ha quedado más remedio que asociarse para defender unos intereses que deberían ser defendidos desde los escaños que la rubia (de bote, permítaseme este ad hominem) interfecta usurpa desde 1987 que se sepa.
Efectivamente, en el En el BOE 108 del Miércoles 6 de Mayo de 1987, en el apartado III dedicado a la Junta Electoral Central, y bajo el epígrafe de las Candidaturas presentadas a las Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, figuran las listas de partidos. La tercera era la lista de Blas Piñar, la decimoséptima la de Herri Batasuna; y la de Fraga, aquél represor de la Dictadura que operaba bajo el nombre de Alianza Popular, era la decimonovena, y ya contaba en su quincuagésimo séptimo puesto con Cristina Cifuentes Cuenca, la actual Delegada del Gobierno en Madrid. Doña Cristina es aún jóven, sólo tiene cuarenta y ocho años y toda una vida política goebbeliana por delante. Sin embargo, lleva integrada en un órgano del Estado, de cuya cálida y protectora ubre no ha dejado de mamar desde hace al menos la friolera de veintiseis años.
Y es enganchada a esa teta estatal, como totalitaria rémora parásita, desde la que se permite llamar terroristas a aquellos que a través de sus impuestos subvencionan su tren de vida y sus privilegios. Y es con su guardia pretoriana, pagada con los impuestos de aquellos a los que se deshaucia, con la que reprime a los vejados ciudadanos.
Sólo cabe esperar que los miembros de esa plataforma ciudadana y todos los que con ellos se solidarizan no voten ya nunca a ningún partido estatal, los cuales de una manera u otra, y mediante sus alianzas y alternancias en el poder, acaban reprimiéndoles, insultándoles, robándoles y estigmatizándoles, y que son incapaces de representar a la sociedad civil a donde pertenece de momento la Plataforma que preside Ada Colau, aunque desde algunas instancias se la quiera integrar en el Estado captándo a sus líderes para enlistarlos en algún partido orgánico estatal.
