Sindicatos, empresarios y ex políticos autonómicos y nacionales se resisten a perder el “chollo” de pertenecer al Consejo Económico y Social (CES), un órgano inútil que pagan los ciudadanos y no posee eficacia alguna. Según un estudio de DRC, varias autonomías se niegan a su supresión, aunque al menos la polémica ha aflorado otras decenas de instituciones y empresas públicas autonómicas que duplican servicios estatales y son refugio de ex-políticos o sindicalistas que no han encontrado acomodo en las listas de los aparatos de los partidos.

En Castilla y León sólo van a quitar las “indemnizaciones” (eufemismo político que enmascara las millonarias dietas), en concreto, las relativas a los gastos de locomoción, pero los políticos y sindicalistas afectados ya han advertido que eso va a suponer una «cierta inhibición» de los consejeros a la hora de asistir a las sesiones de los órganos de la institución. El organismo que preside José Luis Díez-Hoces considera que afectaría fundamentalmente a aquellos consejeros procedentes de localidades distintas a Valladolid, ciudad donde el Consejo tiene su sede, lo que, a su juicio, «podría ser contraproducente en el sentido regional de esta institución», informa Abc.

En 2013, los 36 miembros del CES no percibirán dinero alguno por asistir a las reuniones de este organismo, lo que supone una anulación de las dietas y gastos de locomoción que hasta ahora abonaba esta institución. Pero ya están preparando la trampa: ante la medida, en el informe del organismo encabezado por Díez-Hoces considera «procedente» apuntar la «necesidad» de que, de alguna manera, se articule «algún tipo de compensación» a las organizaciones representadas en la institución, «por el trabajo que les ocasiona su dedicación a la misma».Cabe recordar que el pago de las dietas de asistencia ha supuesto un gasto de alrededor de 700.000 euros. A este montante hay que añadir el fijo que se da a cada una de las dos vicepresidencias ostentadas por Cecale y los sindicatos UGT y CC.OO (Agustín Prieto y Ángel Hernández, que rotan cada dos años), y que han supuesto casi 80.000 euros en los últimos cuatro años.

En Castilla la Mancha Dolores de Cospedal va a suprimir el CES pero el PSOE ha presentado alegaciones para continuar con la prebenda, aunque por fortuna no han sido admitidas. En Asturias, el Gobierno regional de izquierda (PSOE-IU) descartó la eliminación del CES, que cuesta a las arcas regionales 855.000 euros, y cuya eliminación han pedido los diputados regionales del PP y UPyD. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han defendido la continuidad de este órgano “por el alto grado de consenso de sus dictámenes”. Ángel González, de IU, abogó por la continuidad del CES porque «se mantienen intactos» sus objetivos y no quiso oír hablar de crisis. Tampoco se suprimirán la Procuradoría General, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo.

En Galicia, La Xunta ahorró ya 21 millones de euros con la supresión de 48 chiringuitos y prevé la extinción de otros 25, que permitirán este año incrementar la reducción del gasto en cinco millones anuales. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo ha suprimido el Consello Económico e Social (CES) y el Consello Galego da Competencia. Solo en altos cargos, gastos de mantenimiento y alquileres la supresión de estos dos entes podría permitir un ahorro de al menos 600.000 euros a la Administración.

En Logroño, la pérdida del CES ha ocasionado “lágrimas” entre los que abrevaban en sus ubres, según La Rioja.com. Las críticas más duras llegaron desde UGT, donde Cristina Antoñanzas, secretaria de Empleo y Salud Laboral, considera que la supresión del CES implica «una pérdida de calidad democrática; un empobrecimiento de la democracia». Para Antoñanzas el CES representaba «la pluralidad» y su eliminación hace que «no sólo los sindicatos, también universidad, empresarios, organizaciones agrarias y la Cámara de Comercio pierdan su capacidad de participación en un foro de debate y discusión». Desde el PSOE y UPR se produjeron las mayores críticas para intentar que el “chiringuito” continue.

En Cantabria, el Consejo Económico y Social ha expresado su “total rechazo” a su eliminación. Y no es de extrañar: gastaba 399.999 euros anuales, se oponía a la reducción de diputados (solidaridad obliga) y a los no menos inútiles Consejos de la Mujer y de la Juventud, refugio de enchufados y familiares de políticos. En Canarias, el CCN pide la supresión del CES, lo que supondría un ahorro para las arcas públicas de más de 700 mil euros anuales, pero ha sido imposible. La alianza de los sindicatos con CC y PSOE lo impide, pues la mayor parte de sus miembros tiras de esas nóminas para sobrevivir, pues carecen de oficio conocido.

En Baleares, la decisión del gobierno de Bauzá (PP) de suspender el Consejo Económico y Social (CES) supondrá para las arcas autonómicas un ahorro estimado en más de 500.000 € al año. En Murcia hay resistencias importantes. El coordinador regional de UPyD, Rafael Sánchez, asegura que la supresión del Defensor del Pueblo de la Región, del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo Jurídico, «por tratarse de instituciones u organismos que duplican funciones que ya realizan otros entes homólogos de carácter estatal» supondría un ahorro de 3,8 millones anuales en las cuentas de la Administración regional, dinero que ahora va a manos de sindicalista y ex políticos sin empleo conocido.

En Andalucía ahorrar dinero al contribuyente es misión imposible pues PSOE, IU, CC.OO y UGT creen que el paro les afectaría directamente. No obstante, el Observatorio Económico de Andalucía cuestiona el mantenimiento de instituciones como los Consejos Audiovisual, Consultivo y Económico y Social por sus «elevados costes y escasos resultados», y también insta a una profunda reforma del modelo de financiación del sector público empresarial. En su informe sobre un «programa de ajuste y competitividad de Andalucía», este Observatorio, integrado por profesionales independientes de distintos sectores, sostiene que debe acometerse una reforma en profundidad de la RTVA, la empresa pública de gestión de activos, el ente andaluz de infraestructuras y servicios educativos, Sandetel, Veiasa, Cartuja 93, residencias de tiempo libre, Cetursa y de diversas agencias y fundaciones de la Junta de Andalucía, que cifró en 255 el número de estas entidades públicas, con un presupuesto agregado de 3.099 millones.