ILLY NES.
“Un sector muy considerable del feminismo contemporáneo se ha convertido a sí mismo en una parodia de lo que hacen los hombres; y eso tampoco favorece en nada a la mujer, la mujer no puede dejar de ser mujer para convertirse en un hombre. No puede, no debe haber guerra entre los sexos. Eso es falso. El hombre ha pagado durísimamente todo eso porque al matar desde niño la parte femenina que hay en él, se ha castrado, ha eliminado los factores de imaginación y sensibilidad que puedan ir contra su varonía”.
José Ángel Valente
Los asesinos de ETA segaron la vida de Querol Lombardero, magistrado del Tribunal Supremo, quedando su vacante. A Federico Trillo, miembro de la Prelatura del Opus Dei, le faltó tiempo para proponer en la Comisión de Subsecretarios a Agustín Corrales Elizondo, una persona que no respeta la democracia ni la voluntad popular, para ocupar el cargo de Querol Lombardero.
Yo personalmente informé a López de Letona, el sobrinísimo, que era el secretario de Estado de Defensa, y a Federico Trillo, de este asunto. No se puede designar para un cargo tan relevante a una persona que no acepta el poder legislativo. Sin embargo, ahí lo tienen en estos momentos: magistrado del Supremo y uno de los redactores del recurso de anticonstitucionalidad de la reforma del Código Civil que legaliza el matrimonio gay (1).
Federico Trillo sabía que esta persona no aceptaba el poder legislativo, estaba avisado y continuó adelante, por lo que tenemos actualmente en la sala de lo penal del Tribunal Supremo a un homófobo. Por tanto, cualquier decisión que pueda tomar tiene el agravante del artículo 22 del Código de Justicia Militar.
Su caso es diametralmente opuesto al de Fernando Grande Marlaska, celoso defensor de nuestro ordenamiento jurídico y persona a la que todos los españoles estamos viendo que no se le caen los anillos a la hora de enfrentarse al asesino que pega el tiro en la nuca o a personas como Arnaldo Otegi. Un gran magistrado que ha decidido ejercer un derecho que tiene por la ley de reforma del Código Civil, según el cual los homosexuales pueden contraer matrimonio. Y como persona homosexual que es, lo ha llevado a cabo. Fernando está cumpliendo con su obligación de forma impecable. De una forma que pienso es admirada por todos los españoles y que es una prueba irrefutable de que la orientación sexual de las personas no tiene nada que ver con el desarrollo de sus funciones en la sociedad.
A Fernando lo conozco desgraciadamente tras las conclusiones que eleva de manera provisional el fiscal que lleva todo el entramado de la financiación de ETA. De lo que era Egin, Egunkaria y de lo que después fue Ardi Beltza y tras la prisión de Lander Etxebarría, presidente de los gays de Batasuna y concejal de Euskal Herritarok en el Ayuntamiento de Bilbao. Yo aparezco en la lista de las 106 personas que en ese sumario se mencionan como objetivos de todos los comandos de ETA (2). A raíz de esto, empieza mi contacto con Fernando Grande Marlaska, un contacto que no se inicia porque ambos seamos homosexuales sino en virtud de sus obligaciones como profesional, magistrado y defensor de los derechos y las libertades de las personas en España.
A la pregunta de por qué yo era objetivo de ETA, la respuesta es sencilla. Fui quien levantó la liebre de Lander Etxebarría, presidente de EGHAM, la asociación de gays y lesbianas cercana a HB. Era una de las personas pertenecientes al entramado de ETA porque además tenía en su poder todos los papeles de AUB al ser detenida. Cuando llegaron las elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco, personalmente le pedí a José María Aznar poder ir en las listas porque no había candidatos de PP que quisieran figurar. Todos estaban asustados y coaccionados para que el pueblo vasco no tuviese oportunidad de elegir democráticamente a sus representantes.
(1) Según Biendicho, la Ley Orgánica del Código Penal Militar anula la base jurídica del recurso del PP, tal y como recoge La Vanguardia, 04/05/2006, “La plataforma gay del PP exige a Rajoy que retire el recurso al Constitucional”: “El presidente de la Plataforma Popular Gay (colectivo de militantes del PP), Carlos Biendicho, pidió ayer al presidente y al secretario general de su partido, Mariano Rajoy y Ángel Acebes, respectivamente, que retiren el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil que posibilitó los matrimonios entre personas del mismo sexo. La asociación argumenta que el recurso popular utiliza como jurisprudencia un auto del Tribunal Constitucional “que no es aplicable por existir una ley orgánica que lo anula”. Se trata de una ley orgánica del Código Penal Militar que los firmantes del recurso “desprecian e incluso pueden haber incurrido en los presuntos delitos de injurias, discriminación por razón de orientación sexual y con agravante de homofobia”. Biendicho añadió que es “contrario a derecho” evocar como jurisprudencia un auto que está basado en el Código de Justicia Militar franquista, derogado en 1986. La plataforma interpreta que el auto da respuesta a una demanda interpuesta por dos personas homosexuales que fueron condenadas por realizar “actos deshonestos”.
También la noticia “La Plataforma Popular Gay asegura que el recurso ante el constitucional está basado en un código militar ya derogado”: “El presidente de la Plataforma Popular Gay, Carlos Biendicho, ha remitido una carta al secretario general del PP, Angel Acebes, para pedirle la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la misiva, Biendicho explica a Acebes que se dirige a él porque “nuestro Presidente Nacional, Mariano Rajoy, no firmó dicho recurso”.
(2) En efecto, el sumario 18/98 del juzgado central de instrucción número 5, hoy en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recoge en la página 86 y con el número 37 a Carlos Alberto Biendicho, por su señalamiento como objetivo en el número 9 del semanario “Ardi Beltza” que dirigía el periodista Pepe Rey, encausado por su relación con ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, formula sus conclusiones provisionales el 19 de noviembre de 2004 y Biendicho presenta su petición de comparecencia el 31 de enero de 2007 en León.
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