PEDRO M. GONZÁLEZ.
En el último Consejo de Ministros se aprobó dar curso al Proyecto de Ley que impulsará un nuevo Código Penal que supone un endurecimiento de las penas para aquellos delitos de máxima gravedad. El texto llegará a la mesa del Consejo después de que el Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz-Gallardón, presentara el pasado septiembre un informe elaborado por una comisión de “expertos” que proponía la introducción de la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad una vez cumplida la pena.
La nueva pena de prisión permanente revisable se establece así para los delitos de terrorismo, magnicidio, asesinatos de menores de 16 años o discapacitados, y en aquellos producidos tras una agresión sexual sobre la víctima. Su ejecución consistirá en que el penado habrá de cumplir una pena privativa de libertad mínima revisándose después su puesta en libertad si concurrieran una serie de requisitos. Esta revisión se podrá realizar a petición del reo o de oficio por el Tribunal al menos una vez cada dos años. El límite mínimo de cumplimiento según informaba el Ministro cuando se imponga esta pena oscilará entre los “25 y los 35 años” según las características del caso y nunca “antes de como lo regula el Código Penal vigente”, dijo Ruiz-Gallardón.
La descoordinación entre ciudadanía, legisladores, encargados de dar cumplimiento a las leyes y quienes han de aplicarlas juzgando a su conciudadanos, fruto de este sistema de de irrepresentación y poderes inseparados, consigue ahora la cuadratura del círculo: Promover la cadena perpetua y su revisión a la vez, excusando para ello la levedad de las penas privativas de libertad actuales mientras mantiene un sistema punitivo que permite su acumulación de forma que pueden superar el milenio en situaciones de concurso delictual, pero cuyo cumplimiento depende de una legislación penitenciaria que facilita que esos mismos reos alcancen situaciones de semilibertad en menos de quince años. Control penitenciario de privilegios, régimen de cumplimiento y progresión en grado que, no olvidemos, queda en manos de la administración estatal o autonómica y sólo cuenta con el control judicial ex post por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de esas previas decisiones burocráticas, dictadas al fin y al cabo por la misma clase política que promueve estas “brillantes” iniciativas.
Que la prisión sea permanente y revisable es una contradicción contraria a la lógica jurídica. Es como el alto fuego permanente, que lo es hasta que deja de serlo. El porqué de tan peculiar y enrevesada técnica legislativa cuando hubiera sido mucho más sencillo y coherente para la finalidad perseguida reformar el sistema de ejecución de la penas y beneficios penitenciarios tiene una explicación muy sencilla: La resistencia de los ejecutivos estatal y autonómicos a desprenderse del control absoluto y utilidad coyuntural que le ofrece la plena competencia en materia penitenciaria modulando a su antojo el contenido de las resoluciones penales dictadas por la Jurisdicción. Y es que donde los Juzgados y Tribunales no se encargan de hacer cumplir lo Juzgado no hay independencia de la Justicia.
