Uno de los escollos por los que deberá atravesar la República Constitucional es convencer a los cuidadanos de que el sistema electoral mayoritario es el más democrático. Mi experiencia, tanto de piel para dentro como de observador, indica que su mejor adecuación al principio democrático de la representación y por tanto de la responsabilidad es, en un primer momento, contra-intuitiva. Al confundir representación con representatividad, los sistemas proporcionales logran aparentar que se corresponden mejor con valores democráticos mediante el argumento de que son “más justos”. Pues, ¿no es cierto que gracias a este sistema podemos ver un espectro más completo y variado de inquietudes en la cámara legislativa?
Naturalmente, se olvida que el sistema proporcional aparca en la cuneta la responsabilidad del representante directo y abraza la difusión de responsabilidades en un partido masificado cuyo líder en último término también las evita gracias al poder que le es otorgado. Pero resulta instructivo que en países donde impera todavía el sistema mayoritario de elección parlamentaria, como en Canadá, existen muchas iniciativas de cambio hacia un método “más proporcional y justo”, casi siempre provinientes de la izquierda. Se diría que buena parte de los izquierdistas en Norteamérica creen que su método electoral está mucho más atrasado que el de la progresista Europa, ¡la cual incluso llega a tener gobiernos socialistas! Y es que cuesta atravesar el recorrido completo del argumento de la Libertad política, que ha de ser claramente diferenciada de la justicia social en cualquiera de sus formas.
La preocupación por una mayor proporcionalidad llevó a la creación del método de “voto transferible” por Thomas W. Hill en 1821, que fue implementado en la segunda cámara legislativa danesa desde 1866 hasta 1915. Thomas Hare, amigo de John Stuart Mill, mejoró el sistema, que denominó “voto transferible único” (single transferable vote, STV), y Andrew I. Clarke convenció en 1896 a la Asamblea de Tasmania de su utilidad. Su uso se ha expandido a Irlanda, Irlanda del Norte y Malta, y lo utilizan también diversos gobiernos regionales de Escocia, Nueva Zelanda y EEUU. La Columbia Británica, en Canadá, decidirá si desea utilizarlo en mayo del 2009. Un referéndum celebrado en 2005 no pasó la iniciativa por muy poco, en parte debido a la desconfianza que produce no comprender sus detalles.
