California, el “Golden State” de los EE.UU., con un PIB similar al de Francia, está “default”, al borde de la suspensión de pagos, porque su Congreso (la Asamblea Estatal y el Senado, ambas con mayoría demócrata) no aprueba el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2009-2010 y el Gobernador (Arnold Schwarzenegger, republicano) no puede llevar a cabo sus medidas de gobierno. Según el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC) dicho Estado tenía en el año 2008 una deuda pública de 106.200 M€ (136.000 M$) además de los 32.800 M€ (42.000 M$) necesarios para equilibrar ese presupuesto y era el Estado más endeudado de USA. Ante esta situación los congresistas californianos acordaron realizar recortes drásticos en el presupuesto estatal, ya que solo esperan reducirlo en 8.500 M€ (unos 11.000 M$) que posiblemente les asigne el nuevo plan del Gobierno Federal de Washington. Entre esos recortes destacan las vacaciones no retribuidas a sus funcionarios, las becas, las ayudas sociales y la devolución de impuestos. Para hacer frente a este desfase de tesorería van a emitir pagarés susceptibles de descontar o endosar (“bonos basura” semejantes a los “patacones” que emitió la provincia de Buenos Aires en el período de 2001 y ss.).

En nuestro país no existe esa sensibilidad democrática. Aquí, si el Estado, una Comunidad Autónoma o un Municipio no aprueban su presupuesto, prorrogan el del año anterior de forma automática. Posteriormente el poder ejecutivo (grupo dirigente que domina todos los poderes), mediante una ingente batería de modificaciones presupuestarias, acomoda los gastos y su financiación al nivel que hubieran tenido de haberse logrado su aprobación. En honor a la verdad, ocurre exactamente igual cuando se aprueban con todos los parabienes y apoyos imaginables. Aquí se aprueba un presupuesto con 62.768 M€ de déficit y no pasa nada. La deuda pública llega hasta límites insospechados (50% o más del PIB) y no pasa nada. ¿Para qué necesitan los requisitos de aprobación como garantía legal de la autorización de los gastos o del consentimiento ciudadano en la implantación de los impuestos?

En California, la sociedad civil, a través de representantes políticos con competencias claras y delimitadas, considera un desastre social que su deuda pública se acerque al 10% de su PIB y amenazan a los administradores con cerrar las oficinas públicas hasta que las cámaras aprueben los presupuestos. Aquí la oligarquía gobernante emula dicha separación de poderes con asignación variada de funciones, susceptibles de ser revocadas por cualquier órgano administrativo y encima es considerada como un grupo gestor eficiente.