La convocatoria de la segunda jornada de huelga de jueces para el día 26 de Junio sigue en pie a día de hoy. A pesar de la intensa actividad del intelectualmente bruto Caamaño para desactivarla, lo cierto es que su labor ministerial lejos de justificar su desarme, subraya su necesidad.

Sin embargo, la ausencia de conciencia de Poder Estatal en la judicatura y los cantos de sirena del Ministro apelando a simples mejoras económicas y de confort parece que están causando mella en cualquier atisbo de actitud rebelde. La oferta de incrementos salariales y de más plazas judiciales para descarga del reparto de asuntos ha calado en la mayoría de partidos judiciales gracias al papel de las principales asociaciones profesionales que han servido de catalizador de las ofertas ministeriales. “A día de hoy no existen motivos para ese paro”, dijo Caamaño en recientes declaraciones a Europa Press, a la vez que insistía en su intención de acometer la reforma procesal del enjuiciamiento criminal sobre el presupuesto de retirar las facultades instructoras al juez para entregárselas a la fiscalía.

Haciendo gala de buenos modales y actitud aparentemente dialogante, el actual Ministro ha ido más allá que su predecesor proponiendo medidas de politización y burocratización de la Justicia que Fernández Bermejo ni se atrevió a plantear. Su política de miel en lugar de hiel está funcionando en el mundo judicial a pesar de manifestarse en normas restrictivas de las garantías judiciales y de funcionarización del mundo judicial. A la referida reforma procesal que sustrae al Juez la función instructora, pasando por la municipalización de los Registros Civiles, se añaden ahora dos nuevos hitos que reclaman la necesidad de movilización del mundo jurídico: La eliminación de la obligatoriedad de la presencia del Secretario Judicial en las sesiones plenarias para dar fe pública de las actuaciones, y la generalización de la constitución de depósito obligatorio para la presentación de recursos.

El retroceso de las garantías jurisdiccionales del justiciable alcanza con Caamaño cotas difícilmente previsibles tras la defenestración de Bermejo, estando ahora la huelga más justificada que nunca. Los jueces tienen la oportunidad de demostrar que son algo más que meros oficinistas judiciales que se mueven por intereses de casta burocrática. Veremos que puede más en este segundo asalto, la aceptación simple de cierta mejora de unas condiciones laborales o la voluntad decidida de adquirir una dignidad más allá de formalismos y ritos externos.