Los primeros banqueros españoles que han quebrado sus entidades comienzan a pasar por el juzgado, aunque aún quedan por dirimir las responsabilidades de la mayor parte de los gestores que en la última década formaron parte de las cajas de ahorro quebradas que se integraron en Bankia: Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia.

De momento, setenta de ellos ya tienen una causa judicial sobre sus hombros. Según El Confidencial.com, ya se ha presentado en Córdoba la primera denuncia contra el que fuera expresidente ejecutivo de Cajasur durante casi tres décadas (1977-2005), el popular cura Miguel Castillejo, cajero por su condición de canónigo penitenciario del cabildo catedralicio, contra él y los que le sucedieron en el cargo, los también sacerdotes Juan Moreno Gutiérrez y Santiago Gómez Sierra, y contra quienes más resulten responsables, según el texto entregado a la Fiscalía Provincial de Córdoba para su traslado a Anticorrupción.

La base de la denuncia tiene que ver con las sanciones a Cajasur publicadas en el BOE el pasado 15 de junio, que hacen referencia a las tres infracciones muy graves y una grave impuestas por el Banco de España por distintas irregularidades. Según la denuncia, estas sanciones acabaron con la intervención de la entidad, rescatada en mayo de 2010 con dinero público (550 millones del FROB) tras negarse a una fusión con Unicaja, ocasionando un gravísimo perjuicio económico y social, con despidos traumáticos mientras algunos responsables cobraron blindajes elevadísimos.

De acuerdo con la memoria del Banco de España correspondiente al ejercicio 2011 presentada la semana pasada, el organismo supervisor destaca que abrió un expediente a esta caja y a 40 personas que habían ejercicio en ella cargos. El Banco de España sancionó a la caja y a 38 de los 40 cargos de administración y dirección expedientados, por considerarles “responsables de dicha situación”.

La denuncia presentada sucede en el tiempo a otra ante la Audiencia Nacional por integrantes del 15-M contra los consejos de administración de Bankia y de su matriz BFA, entre los que se incluye su expresidente Rodrigo Rato, por falsedad de cuentas con motivo de la salida a bolsa el pasado julio de 2011. Respecto a esta entidad, rescatada por parte del Gobierno tras inyectar más de 23.000 millones de euros, la Audiencia Nacional ha asumido la investigación del caso después de que un juzgado admitiera a trámite una primera querella.

La Audiencia Nacional también va a unificar las dos querellas que se han presentado hasta la fecha por la quiebra del Banco de Valencia. De esta manera, la demanda cursada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la de la asociación de accionistas minoritarios serán tramitadas por el magistrado Santiago Pedraz, lo cual supone aumentar el número de implicados.

La querella del FROB está dirigida únicamente contra los administradores del Banco de Valencia, con especial énfasis en el que fuera consejero delegado durante quince años, Domingo Parra. A Parra se le acusa de haber beneficiado a determinadas personas –la familia Calabuig- con las que compartía la propiedad de varias sociedades.

La de los accionistas particulares va dirigida contra 27 personas, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas; Deloitte, la firma encargada de auditar las cuentas de la entidad y de alguna filial sospechosa de cometer delitos –Aguas de Valencia- y el ejecutivo que firma el informe, Miguel Monferrer, tanto del banco como de la empresa de servicios.

A esas dos acciones legales se unirá la acción social de responsabilidad que la junta de accionistas del pasado 14 de mayo aprobó que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja, contra el exconsejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como exconsejero delegado y expresidente.

Aurelio Izquierdo, director financiero de la entidad, ha renunciado a los derechos de prejubilación, que ascienden a un importe de 6,3 millones de euros, pero pretende cobrar los derechos sobre su pensión de jubilación, que suponen un total de 7,6 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.