Celestino Corbacho (foto: RTVE)
El paro sigue creciendo imparable en nuestro país, y en poco tiempo alcanzaremos los cuatro millones de parados incluso con cifras “oficiales”. Los expedientes de regulación de empleo se suceden en las empresas, y cada vez afectan a más sectores. A los trabajadores por cuenta ajena o a los autónomos que pierden su actividad para ganarse la vida sólo les quedan unos meses de paro, y después un futuro bastante incierto.
Mientras tanto, los directivos y altos cargos de las entidades financieras (como AIG en EE.UU.1, o el Dresdner Bank en Alemania2), continúan cobrando primas millonarias, aún cuando sus empresas hayan sido rescatadas por los gobiernos con el dinero de los contribuyentes. Incluso cuando alguno de ellos es despedido, existen contratos blindados que les permiten cobrar jugosos finiquitos3, aunque sean responsables del hundimiento de la empresa. Al menos, en los países donde hay representatividad de la sociedad civil los políticos son capaces de reaccionar y atajar estas tropelías4.
En nuestra partitocracia española, los políticos continuarán en sus puestos de trabajo (aunque no acudan al hemiciclo) durante toda la legislatura para ganarse el sobresueldo, que compatibilizan con sus actividades privadas5 (en muchos casos su principal fuente de ingresos). Todo un ejemplo de austeridad para la sociedad civil que soporta la crisis (y a ellos).
Un aspecto fundamental de la Libertad política, además de la capacidad de elegir a los gobernantes que representen a los ciudadanos, es la de poder destituirlos. Cuando alguien se muestra incompetente para la actividad por la que fue seleccionado en una empresa, tendrá los días contados. Puede ser una causa de despido, y no tiene que llegar a agotarse la duración del contrato. En la República Constitucional, una democracia formal con mandato imperativo de los electores sobre sus representantes de distrito, aquél que no haga bien su trabajo como político podrá ser cesado de su puesto por los electores. Sin necesidad de primas millonarias ni de pensiones vitalicias. Sin tener que esperar a que termine la legislatura. De este modo, los diputados tendrían una mayor dedicación a su trabajo y hacia sus electores, y un menor apego a las actividades privadas en detrimento de su labor política.
