El paro judicial del 18-F, con más trascendencia política que la de una reivindicación corporativa, rebasa los límites de una crisis de Gobierno y abre la puerta a una crisis de Estado. Por ella entrarán los factores políticos potenciados o generados por la gravedad de una crisis económica que el corrupto e incompetente Estado de partidos no podrá superar. Los síntomas son inequívocos. Las crisis de Estado se detectan cuando se descompone el principio de autoridad en todas las instituciones estatales y paraestatales. Empieza a verse en esta partitocracia terminal. La crisis estatal no se resolverá hasta que la sociedad instituya, con la Libertad política constituyente, nuevas autoridades democráticas en el Estado. La desconfianza política en las autoridades del Estado de Partidos es mayor que las padecidas por el sistema financiero y los medios de comunicación.
El fenómeno más visible, la magnitud de la desobediencia de los Juzgados y Tribunales a la autoridad judicial del CGPJ, desmorona la quimera de que existía un poder judicial independiente y patentiza la inexistencia de poder judicial alguno. Los fenómenos más soterrados, la desautorización del Banco de España de la política laboral del Gobierno, la falta de autoridad gubernamental para inducir a las entidades financieras a canalizar el dinero público hacia el crédito privado, la dependencia del Estatuto Catalán, aprobado en referéndum popular, de un tribunal político, el TC, aflorarán masivamente a la escena conflictiva con el auge del paro y el aumento de los cierres empresariales, junto a las manifestaciones airadas de los sectores afectados. La asociación patronal y los sindicatos estatales no tienen autoridad para frenar la acción directa de los desesperados que pierden su empresa o su empleo. El encierro de pequeños empresarios en las sucursales bancarias, que les niegan los créditos para capital circulante que antes les concedían, presagia lo negro por venir y el drama por vivir.
Entre lo visible y lo soterrado, sobresale el deterioro escandaloso de lo que fundamenta la estabilidad de la oligarquía política en el Estado de Partidos. La ruptura de relaciones del partido estatal de oposición formal al gobierno, con el Ministro de Justicia y la Fiscalía General, implica la entrada en una fase de desequilibrio inestable en todas las instituciones estatales, que pueden terminar políticamente “incendiadas”, como teme el ministro. En la sesión parlamentaria sobre la crisis económica, se ha visto como el estabilizador consenso partidista ha quedado reducido a la condena de la huelga judicial.
