La señora Vicepresidente del Gobierno, profesional de la dación de fe en el proceso judicial, ha degradado la función jurisdiccional a mero servicio público. En su habitual puesta en escena coqueta de los viernes, se reiteró en la afirmación de que la carrera judicial es un servicio público. Esta grave alteración de la naturaleza de la profesión judicial, dedicada por vocación a la noble misión de diccionar el derecho (juris-dicción), para realizar la justicia positiva, no ha sido debida a una supuesta ignorancia de la diferencia categorial entre función pública y servicio público. Obedece al deseo inconsciente, traicionado por sus palabras, de nivelar por abajo a sus antiguos jefes, reduciendo la magistratura a servicio público, como los transportes urbanos, con el baremo de la productividad. Coherencia de los gobiernos oligárquicos que ponen la judicatura a su servicio doméstico.

Sin caer en la cuenta de que su opinión legitima y remotiva la huelga de los jueces, vuelve a vejarlos al recordarles que su sueldo ha subido más que los índices de inflación, y que la legalidad del paro es una cuestión doctrinal sobre la que no quiere pronunciarse. La portavoz del gobierno no se cree obligada a comunicar, a la opinión, cuál es la postura del ejecutivo ante el original paro colectivo de la judicatura, hecho insólito en España, que ha sido provocado precisamente por él, y dirigido exclusivamente contra él, a causa de su permanente ignorancia, incomprensión y desprecio de las tradicionales reivindicaciones materiales de los juzgados y tribunales, repetidas, sin resultado positivo, ante todos los gobiernos de la Transición.

Mientras que el servicio crediticio de la banca, alabado hasta hace unos días como el mejor del mundo, es salvado del abismo financiero con cuantiosos fondos estatales, el Gobierno del PSOE deja que se hunda en la miseria de la escasez, hasta la quiebra de su funcionamiento mediocre, a la administración de justicia. Después de 30 años de implantación estatal de la escala de disvalores sociales, creada con la perversa igualación intelectual y cultural de las profesiones, por temor al desarrollo de la inteligencia y de la integridad en las más exigentes, no hay ya vocación de nobleza, en la dedicación a la justicia, la docencia, la investigación o la información, que sea distinguida y dignificada con el signo de la excelencia, reservado en exclusiva a los inestigmatizables capitostes de la Monarquía de Partidos y a los oligarcas de la desinformación o del dinero. La sabiduría, al ostracismo.