El solo concepto es ya, de por si, repugnante. La cantidad no garantiza, ni puede garantizar jamás, la calidad o la bondad de las acciones morales. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la economía de producción, donde la cantidad de obra producida por unidad de tiempo determina la eficiencia del sistema, en el campo de la legislación y de la judicatura, cuya materia común es de orden moral y cuyo único patrón de medida es la justicia positiva, sucede exactamente lo contrario. A mayor cantidad de leyes o decretos por legislatura, menor será la generalidad de las normas, requisito sine qua non de las mismas, y más privilegios obtendrá cada especialidad de los grupos sociales de influencia. A mayor cantidad de sentencias y resoluciones judiciales por día, como pretende el Poder judicial, menor adecuación de los hechos juzgados a las leyes, requisito de la congruencia del fallo, y más aumentarán las apelaciones y recursos.

El corporativismo judicial promueve una huelga general para disminuir la acumulación de demandas y querellas, con aumento de jueces titulares y medios tecnológicos a disposición de los juzgados. La responsabilidad por la mora judicial recae sobre los gobiernos, puesto que el CGPJ solo es un apéndice de los mismos. El corporativismo de los jueces, cuando no hay separación de poderes, es un mal menor, en comparación con el causado por la falta de corporativismo en los legisladores. El TS protesta por la ingerencia del poder ejecutivo en las competencias del judicial. Pero está por imaginar la maravillosa perspectiva de que el cuerpo de legisladores se declarase en huelga, para poner fin al escándalo de ver todos los días en televisión al Presidente del Gobierno atribuyéndose, sin necesidad de guardar las formas, las competencias del legislador y del juzgador.

La iniciativa legislativa no la tiene el Gobierno ni el Parlamento, sino los acontecimientos que escandalizan la opinión. Se legisla a golpes de efecto demagógico. Y seguirán dictándose leyes sin deliberación colectiva ni reflexión individual. La frase de los viernes de la portavoz del Consejo de Ministros es siempre la misma. “El gobierno dictará una ley para que esto no se repita. No lo duden”. Ante la indignación popular por la leve sanción impuesta a un juez que no evitó, por negligencia, el asesinato de una niña, el ministro de Justicia dice que cambiará la ley para que esto no se repita.