Más de cuatro años después de su entrada en vigor, la famosa ley contra la violencia de género, promulgada en 2004, sin haber servido para nada a la finalidad preventiva que se proponía, ni haber disminuido los casos de féminas violentadas por sus cónyuges, sin embargo, ha demostrado ser, de forma inequívoca, la mejor ley de promoción y explosión de la violencia moral y fraudulenta de la mujer, contra maridos separados o divorciados. Esta constatación no proviene de una supuesta retórica machista, sino de la estadística judicial en la que se apoya el valiente artículo de una experta en la materia, la Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y asociada a Jueces para la Democracia, María Sanahuja, (El País, 22-12, "Las denuncias falsas").
Igual que sucedió en la Revolución Francesa con la llamada Ley de Sospecha -que generalizó el Terror jacobino con la ejecutividad de las denuncias privadas contra sospechosos enemigos de la Revolución-, la simple denuncia de violencia de género, con la sola afirmación de la mujer, sin aportar prueba alguna, basta hoy en España para que la policía se lleve esposados, y meta entre delincuentes, a los denunciados, llamados desde ese momento maltratadores o agresores. Menos mal que en lugar de la guillotina, lo que espera a la víctima masculina y a su familia de sangre es un rosario de estaciones de dolor moral y quebranto económico.
La brutal ley del PSOE resuelve de forma expeditiva todos los problemas de las parejas desavenidas: la atribución del uso de la vivienda familiar, con una orden de alejamiento y expulsión inmediata del hombre; la custodia de los hijos, con el mismo método archi-abreviado; la fijación de una pensión de alimentos, con medidas provisionales decretadas por “juezas ad hoc”; el régimen de visitas, con discrecionalidad para la mujer, que lo puede violar impunemente, y castigo penal para el padre que lo incumple. Y, como se sabe, lo provisional se convierte de hecho o de derecho en definitivo. Lo dice la excelente Magistrado citada: “jueces, fiscales, policías, abogados y periodistas” han aconsejado o favorecido “a las mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas”, y “que sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial”. La ley-privilegio del “hembrismo desaparejado” tiene que ser inmediatamente derogada.
