El Ministerio de Economía justifica el anteproyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales: “en la actividad de los políticos hay más riesgo de cometer estos delitos que en el resto de la sociedad”. Esta ley resuelve el problema que la sociología tenía planteado desde que, en 1896, Gaetano Mosca creó el concepto abstracto de clase política. Esta novedosa noción era revolucionaria. Pues hasta entonces se creía que los partidos políticos portaban las ideologías de las clases sociales contrarias, definidas por el marxismo como clase capitalista y clase proletaria. Era tan atrevido como insultante creer que los dirigentes de los partidos comunistas y socialistas pudieran estar integrados, en una sola clase política, con los dirigentes de los partidos capitalistas. Sin probarlo, esto parecía un ataque infundado de los inconfesados enemigos de la libertad al sistema parlamentario.
Meisel quiso demostrar en 1958 la existencia de una clase política definida por las tres C -conciencia grupal, coherencia de actuación, conspiración de grupo-, a las que la teoría pura de la democracia añadió las dos C de la corrupción y el consenso. La rebelión de mayo del 68 confirmó el abismo que separa a la clase política de las bases sociales que dice representar. Y el consenso evidenciaba, desde los años setenta, la raíz constitutiva de la clase política, instalada en el Estado de partidos con intereses contrarios a los de la sociedad civil, que no está ni puede estar representada, en modo alguno, por partidos estatales. Sin embargo, la necesidad de concreción real de las abstracciones, la ontología de las entidades donde rige la máxima de que toda entidad requiere una identidad, exigía que la clase política pudiera ser identificada por un rasgo común que la distinguiera de las demás categorías sociales privilegiadas. La nueva ley antiblanqueo identifica a la clase gobernante como subentidad política de la entidad social dominante, por su mayor exposición al riesgo de continuar siendo una clase delincuente como hasta ahora. Esta cínica ley de sospecha de la clase política, hecha por ella misma, fracasará porque la vigilancia del personal de gobierno de Estado, Autonomías, Ayuntamientos y Partidos, integrado en la subentidad política, se encarga a la clase financiera, en tanto que ésta es la entidad social dominante. ¡Los banqueros vigilando a los políticos! Bella lógica, tan real como verdadera, de la jerarquía del poder. El cinismo de esta ley dará existencia legal a una clase política que, mientras no estén separados los poderes del Estado, estará connotada definitoriamente por la corrupción.
