La noticia no alarma y sin embargo es escalofriante. El Gobierno acaba de adoptar de golpe más de medio centenar de iniciativas legislativas sobre el sector servicios, que afectará a un millón de profesionales, y anuncia que en breve plazo modificará casi 7.000 normas, para concordarlas con la Ley de la UE sobre Actividades de Servicios y su Ejercicio. Sin juzgar ahora la urgente necesidad ni el contenido normativo de este trabajo a destajo del gobierno y su apéndice parlamentario, que sólo es posible realizar si se lo preparan, en la sombra de la corrupción, los oligarcas de cada sector social afectado, llama la atención lo que sería motivo de alarma en un pueblo sano. Esto es: que el gasto prodigioso de legislar en esta Monarquía de Partidos y de Autonomías, sea percibido en España como hecho normal.

Cuando no hay democracia ni, por tanto, separación de poderes, sin que tampoco exista dictadura, es decir, cuando se gobierna en un Régimen de poder exclusivo de los partidos, el coste económico de la transformación de las decisiones políticas en leyes crece exponencialmente. Ningún sistema de gobierno es más caro que la partidocracia. Los costes de la adopción de decisiones legislativas son muy pequeños en las dictaduras; adecuados en las democracias; desproporcionados y elevadísimos en las oligarquías de Partidos; despilfarradores en el Estado de Autonomías. Y, dentro ya de los sistemas oligárquicos, el método más caro es el de gobernar por consenso. Este método desprecia olímpicamente los tres factores -tiempo, número de personas que intervienen en la decisión y riesgo de tener que corregirla tras aplicarla- que determinan el costo final de cada ley. En esta época de crisis económica, las conclusiones anteriores -derivadas de la ciencia estadística sobre el coste de las decisiones en cualquier ámbito colectivo (“Calculus of Consent” de Buchanan y Tulloc, 1956)- son ruinosas para la sociedad civil de producción y generadoras de corrupción sistemática de la moral pública. La partitocracia italiana nos aventaja. Es natural que Berlusconi, dueño de un imperio financiero, mediático, editorial, futbolístico y cinematográfico, haya caído en la cuenta, desde la impune jefatura del Gobierno, que ya no se pueden soportar los enormes gastos de tiempo y energía que requiere el modo partidista de dictar leyes. El discurso fundador de su nuevo partido, “Pueblo de la Libertad”, terminó así: “la Constitución debe ser cambiada para acortar los tiempos de la toma de decisiones”. De las suyas.