Dentro de un cuerpo tan conservador y timorato como el de la judicatura, en una carrera recluida en la esfera del derecho y apartada de ocupaciones sociales o políticas, en un sector donde la sindicación está prohibida, se ha iniciado un movimiento de desobediencia al poder judicial. Llamado 8 de octubre en memoria de los jueces decanos reunidos esa fecha en Cádiz, el movimiento convoca un paro general de 24 horas, el 18 de febrero, si lo ratifican las juntas de jueces previstas para el 21 de enero. Todas sus reivindicaciones son de tipo corporativo. Más medios, mejor retribución y menos trabajo. Normal protesta de unos profesionales del ejercicio de la razón jurídica, tratados por sus jefes como trabajadores a destajo, con revisiones de su productividad en número de asuntos despachados. Nada extraño en una cultura de la eficacia, despectiva de la excelencia, que también valora la legislatura por la cantidad de leyes producidas.

Sin negar el evidente fundamento racional de esas reclamaciones, es muy extraño que la asepsia política llegue al extremo de excluir de sus protestas las injerencias del poder político en la función judicial, a pesar de que el ochenta por ciento de los Magistrados del TS lo hizo cuando apoyó a los jueces decanos. Sin incluir esa reivindicación básica de todas las demás, e inalcanzable sin separar en origen los poderes estatales, la acción de los jueces carece de trascendencia para los justiciables, salvo el interés común en la mejora de plazos y calidad del proceso.

Los jueces no parecen percibir que su desprestigio social no lo ocasiona la demora de las resoluciones judiciales, de la que todo el mundo sabe que no son responsables. Los jueces abúlicos son una insignificancia que no da fama de indolencia a carrera tan esforzada. Como dijo Max Weber respecto del periodismo, todas las profesiones se valoran por sus peores ejemplares. La infamia de los altos magistrados -aceptando ser designados por los partidos, no admitiendo querellas de prevaricación aunque estén probados los hechos, fallando siempre a favor de los poderosos- comunica su indignidad a un cuerpo repleto de jueces honestos y competentes. Si estos no reivindican con firmeza la dignidad de la función judicial, mediante la conquista de su independencia frente al ejecutivo y al legislativo, no son dignos de ser comprendidos ni apoyados por lo mejor de la sociedad, pues no saben ni quieren saber lo que es democracia.