Año II, n° 283, lunes 26 de julio de 2010
deslealtad institucional
Lorenzo Alonso
  
Pérdidas socializadas

Rodríguez y Sebastián (foto: jmlage).jpg

Miguel Sebastián, ministro de Industria, en sus conversaciones con la nueva ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, le ha planteado los problemas que tiene con las empresas eléctricas. Entre otros: la deuda financiera que acumulan, el déficit de tarifas y el coste de las energías renovables.

 

Según la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la deuda financiera de las empresas eléctricas se eleva a 37.600 M€, el “déficit tarifario” supera los 14.000 M€ más otros 5.000 M€ esperados en 2009 y el sobrecoste de las energías renovables se eleva a 4.000 M€.

 

Este “déficit tarifario” se genera porque el precio de venta de la electricidad es menor que su coste de producción al ser un precio político fijado por la Administración y utilizado de forma recurrente por los gobiernos de turno como medio para combatir la inflación o como arma electoral. Las compañías suministradoras quieren ser compensadas por mantener los precios de la electricidad artificialmente baratos, de forma inmediata, mediante la concesión de avales del Estado para titulizar 9.000 M€ de deuda y la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del sobrecoste de las energías renovables. Además desean que el Estado se haga cargo de dicho déficit pues, si ellas lo asumiesen, tendrían que elevar la tarifa más de un 30% y es evidente que esta medida alternativa no se va a tomar.

 

Es cierto que las empresas agrupadas en UNESA (Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, HC Energía, E.ON España...) están realizando fuertes inversiones para su modernización (6.570 M€ en 2007, 7.100 M€ en 2.008), pero en realidad buscan el paraguas de los Presupuestos del Estado.

 

Una vez más se socializan las pérdidas, se mantienen privatizados los beneficios (a pesar de toda “esa tragedia”, no han dejado de repartir sustanciosos beneficios a sus accionistas) y los ciudadanos, sin representantes políticos en el Congreso de los Diputados que autoricen estas subvenciones, pagarán la factura eléctrica con más impuestos, mientras observan atónitos las especulaciones y los oscuros tratos realizados en las compras de sus acciones.

Comentarios (2)
abril 19, 2009     
Por una vez no estoy de acuerdo con un artículo de diario. Creo que es simplificador y debe profundizar más. Es el gobierno quien regula la forma en que se fija el precio de la energía que aparece en las tarifas, y si dichas tarifas no cubren dicho coste es un problema del gobierno regulador. En cualquier tribunal de justicia el dictamen sería claro.

La regulación eléctrica en es este país es desafortunada.
abril 19, 2009     
Estimado Luis F:
Curiosamente, a pesar de no estar de acuerdo con el artículo, argumentas de forma parecida: "el gobierno fija el precio de la energía", es igual que decir "un precio ...fijado por la Administración". Yo añadí el calificativo de "político", que se utiliza para designar aquellos precios fijados por las Autoridades Políticas, como son el caso del precio pagado por el transporte público, el abstecimiento de agua o la entrada a una piscina pública. En estos casos los Gobiernos prefieren que parte del coste no lo asuma el usuario concreto sino todos los ciudadanos a través de los impuestos ( a través de las subvenciones concedidas).
Tambien te diré que las compañías electricas estan obligadas a comprar (introducir en la red) la electricidad que producen pequeñas empresas o particulares (ejemplo: esas fincas que se ven sembradas de células fotovoltaicas)a un precio de venta que fija la Administración competente, en este caso, muy alto para estimular este tipo de energía.
Hablar de formación de la tarifa eléctrica sería largo: las de empresas A, B o C, las del alumbrado público, las de los hogares (parte fijo y parte variable según su consumo evaluado por tramos, etc.). Como ves estos detalles se escapan a la finalidad del artículo: otra industria subvencionada, que reparte beneficios a unos pocos.

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