Aunque la UE ha sido consciente desde la incorporación de España y Portugal de las desigualdades tanto económicas como culturales, las partitocracias ibéricas han implementado cualquier política venida de Bruselas adaptándola a la red de intereses clientelares y estructuras burocráticas que sostienen el tinglado de partidos y sindicatos estatales. En Portugal hace unos dos años que el proceso de Bolonia fue implantado en sus universidades y nos puede servir de antecedente para comprender cómo las realidades políticas y sociales de cada país son las que determinarán al final en qué consiste Bolonia, por lo que luchar contra Bolonia es, en lo fundamental, luchar contra lo que puede ser en manos de la partitocracia aposentada en las universidades.

Los estudiantes por su juventud no poseen ni las lecturas ni la experiencia suficientes como para no ser arrastrados por la demagogia en interpretaciones simplistas de la realidad, pero sin embargo, poseen la intuición necesaria como para interpretar las tendencias por las que se pueden deslizar los proyectos que destapan determinadas cajas de truenos. Decir que Bolonia implica la privatización de la enseñanza superior pública sólo puede entenderse como la apertura a un encarecimiento de la formación y una reducción del presupuesto estatal destinado a la enseñanza, pero no como que la enseñanza sea impartida por entidades privadas ajenas al Estado, por muchas prácticas externas que se realicen en la empresa privada.

En Portugal, el mercado laboral no fue capaz de asimilar que los grados de tres años fueran capaces de aportar la formación necesaria a los candidatos como para trabajar en sus empresas, cosa muy distinta a lo que sucede en UK, por lo que en la práctica, los alumnos portugueses se vieron forzados a cursar los dos años de máster que suponen una formación más especializada, y que deben ser pagados por aquellos sin prácticamente apoyo del Estado portugués. En la práctica, Bolonia ha supuesto en Portugal un encarecimiento de la enseñanza con una reducción de la inversión estatal en la misma, al acortarse los grados. En España, con el ingente déficit público español, la transferencia a las comunidades autónomas y el castigo financiero-político que sufren sus ciudadanos, el plan Bolonia será fundamentalmente otro desastre más que añadir a la incapacidad de los españoles, comentado en los corrillos de los burócratas bruselenses.