El Parlamento europeo ha suspendido la directiva del Consejo de Europa que acordó la libertad de empresarios y trabajadores para aumentar el tope de tiempo laboral, hasta sesenta y cinco horas semanales, mediante contratos individuales. Si en el plazo de ochenta días, a contar desde el 20 de enero próximo, el Consejo no envía al Parlamento una enmienda conciliadora, la directiva devendrá nula. El asunto es de envergadura. Pues, contra lo que aparece en la superficie de la dialéctica, no se trata sólo de una disputa de liberales contra socialdemócratas, o de conservadores de lo social frente a innovadores de la práctica laboral, como tampoco es una confrontación de intereses inmediatos entre Gran Bretaña, apoyada por los países del Este incorporados la UE, y el resto de los pueblos europeos.

Lo que late en el fondo de la disputa es una diferencia sustancial de criterio político sobre el modo más eficiente y económico de resolver el problema de la competitividad europea, en el contexto de la Ronda de Doha, con una libertad mundial de comercio sin aranceles ni subvenciones, y en el oscuro texto de una crisis depresiva de la demanda cuyo final no se adivina.

De un lado están los partidos y sindicatos estatales que no quieren progreso económico pagado con lo que consideran regreso social. No proponen plan alguno para evitar la deslocalización de las grandes industrias europeas en busca de paraísos de mano de obra barata, ni ofrecen ideas para mejorar de modo relevante la productividad europea. De otro lado se sitúan todos los empresarios que temen ser desplazados del mercado por los precios de los productos procedentes de los países emergentes, y todos los trabajadores que, en tiempos de penuria o de necesidad personal, prefieren trabajar más horas, en su propio provecho y en el de su empleador, antes que arriesgarse a perder el empleo, por quiebra de unas empresas devenidas incapaces de competir con la importación de mercancías más baratas que las suyas.

Aumentar las horas de trabajo de modo voluntario es ciertamente un modo desesperado de aumentar la productividad. Pero no más desesperado que el de aferrarse a los derechos laborales para caer, muy abrazados a ellos, en el hondo precipicio al que se avecinará inexorablemente todo el sistema de seguridad social, pensiones y asistencia estatal, si la actual crisis depresiva de la economía se prolonga varios años, y la productividad europea no se aumenta con medios tecnológicos y fuentes de energía de mayor eficiencia.

El jefe del Ejecutivo ha indicado en el pleno del Congreso de los Diputados que los frutos de las medidas anticrisis promovidas por el Gobierno empezarán a cosecharse en la primavera de 2009. En ese momento, merced a la inversión pública de 33.000 millones de euros -la mayor cifra de los últimos treinta años-, “se generará un volumen muy estimable de empleo”. Pese a la destrucción de empleos en las ramas vinculadas a la construcción, Zapatero sostiene que las cosas no van tan mal, ya que se están creando trabajos en los sectores más productivos e innovadores.

En España, el 60% de lo que han prestado los bancos se ha destinado al conjunto del sector ligado a la construcción, que debe 1’12 billones de euros. En todo caso, el apoyo a las entidades financieras y las reducciones de los tipos de interés tendrían que redundar en una mejora significativa de las condiciones de crédito, señala Zapatero, que asegura estar velando por la efectiva llegada a las familias y a las empresas de los nuevos flujos de liquidez, tal como han acordado todos los gobiernos de la UE en la reciente Cumbre.

Los últimos datos del Banco de España confirman la brusca disminución del flujo efectivo, es decir, lo que llega realmente a los agentes económicos para nuevas operaciones: un 50% en octubre, respecto al año anterior. El que se concede a las familias, aumenta a un ritmo del 5’8%, cuando en enero de este año lo hacía al 12’9%: esa tasa es la menor de las series históricas que publica el banco central (en 1995, que es el precedente más cercano de una recesión, rozaba el 10%). En el caso de la financiación a empresas la falta de dinero está bloqueando la actividad productiva: se han retirado de la circulación más de 72.000 millones de euros con respecto a 2007.

No obstante -según una información recogida en “El Mundo”-, Rodríguez Zapatero está dispuesto a seguir estimulando la confianza financiera, y para ello, rebajará en exclusiva y con efectos retroactivos (desde enero de 2008), la fiscalidad de los grandes accionistas de los bancos y sus altos ejecutivos, cuya tributación pasará del 43% al 18% por las rentas de capital recibidas de sus propias entidades.