El Tribunal Supremo (TS) ha aceptado su competencia para encausar al diputado del Partido Popular (PP) Sr. Uriarte por un delito contra la seguridad vial después de que el pasado mes de febrero diera positivo en una prueba de alcoholemia tras chocar el coche que conducía con otro vehículo. La Sala de lo Penal designa así como instructor al Magistrado D. Joaquín Giménez García acordando a la par en el mismo Auto pedir autorización al Presidente del Congreso, D. José Bono, por conducto del Presidente del TS, D. Carlos Dívar, para proceder contra Uriarte “con todas las consecuencias legales”.

El privilegio irrenunciable de D. Ignacio Uriarte, Presidente de Nuevas Generaciones del PP y para más inri Vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso a fecha de los hechos, provocó la suspensión del juicio rápido incoado por el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Madrid tras solicitar la correspondiente certificación a la Cámara Baja sobre la condición de aforado del inculpado por delito común. Recibida ésta, el Juez remitió el atestado policial completo al TS. Aunque Uriarte refiriera al poco de los hechos estar dispuesto a ser juzgado por el órgano predeterminado por la ley procesal, lo cierto es que el Ministerio Fiscal subrayó la irrenunciabilidad del foro mientras no dejara su escaño, lo que a día de hoy no ha sucedido.

El privilegio procesal del aforamiento en el enjuiciamiento criminal de parlamentarios, miembros del ejecutivo o de la propia judicatura más allá de las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones, supone un privilegio injustificable que atenta contra los principios de juez predeterminado por la ley y el más elemental de igualdad entre justiciables, no sólo por elementales razones de equidad, sino por la posición privilegiada de estos aforados que en abstracto facilita la ejecución de conductas criminales con mayores posibilidades de impunidad. Sin embargo, lo más grave del suplicatorio, más allá de lo simbólico de las formas, es el carácter de permiso expreso e imprescindible que la Justicia ha de cumplimentar y obtener para proceder conforme a Derecho frente a miembros de los otros poderes del Estado. Cualquier atisbo de eficaz contrapeso institucional se viene abajo cuando debe suplicarse la realización de la función estatal constitucionalmente asignada.

La gravedad de lo que acontece en el PP no puede ser percibida por sus dirigentes, mientras no lleguen a comprender, cosa imposible sin libertad de pensar, que son ellos mismos quienes reproducen y regeneran, junto a los demás partidos estatales, la causa primigenia de la corrupción, en tanto que factor de poder político y de gobierno. El caso Gürtel no es distinto de Filesa, los trajes de Camps no son diferentes de los abalorios de Corcuera, los safaris del tesorero del PP son hermanos gemelos de la pesca senegalesa del jefe de los servicios secretos. No hay corrupción de partido que no sea igual a sí misma, es decir, a la de cualquier otro partido estatal.

Entre los tres tipos generales de corrupción -la ocasional, la consecuencial y la constitutiva-, el Estado de partidos se construyó sobre los cimientos y con el diseño de la corrupción constitutiva. En este tipo, la corrupción no aparece como fenómeno degenerativo de lo anterior, sino como gran virtud generativa de una nueva clase de degeneración política. Para comprenderlo bien basta compararla con los dos tipos de corrupción clásica. La ocasional, imposible de evitar por su carácter personal, no entraña peligro serio para las sociedades. No hay ladrón sin ocasión. La consecuencial solo pone en peligro la estructura de la institución de la que es consecuencia, y es evitable mediante reformas estatutarias. Ejemplo, la crisis económica ha descubierto que la corrupción de los ejecutivos de banca y de entidades financieras era mera consecuencia de la laxitud en las normas internas de control y en las externas de vigilancia. Por eso se acometen, a la vez, urgentes reformas en la estructura dirigente de las entidades y en el control de las autoridades financieras. La corrupción constitutiva es de naturaleza tan distinta de las otras dos, que apenas presenta similitudes con la del ladrón o la del banquero. La única que se asemeja a ella, por naturaleza, es la de la mafia. Y del mismo modo que no se puede combatir el terrorismo sin conocer sus causas, tampoco se acabará con la corrupción de partido sin saber de donde proviene. Sin embargo, la razón de que la actual corrupción política sea tan profunda, como inevitable en el Estado de Partidos, es fácil de explicar, aunque para los partidos sea imposible de entender. Ante la corrupción de partido, las elecciones no sirven para nada. No tanto porque los electores sean indiferentes, como parece a primera vista, sino porque votando erróneamente por deber, y siendo corruptos todos los partidos, no pueden elegir al menos malo, sino al que consideran suyo. El sistema proporcional perpetúa la corrupción de partido y la degeneración política.