Mientras la Justicia no pueda disponer de su propio presupuesto, el llamado tradicionalmente Poder Judicial será la mantenida de los otros dos poderes clásicos. Y sin independencia económica, tras cualquier pomposa declaración de su separación se esconderá una mera división funcional o departamental de un único ejercicio de la autoridad estatal. Si en cualquier régimen parlamentario esto es así por la mera dependencia de la elaboración presupuestaria por el ejecutivo y posterior aprobación por un legislativo que a su vez eligió a aquél, en España, el Estado de las autonomías multiplica esos lazos de subordinación económica.

Reunidos en Valencia los once Consejeros de Justicia de las comunidades con la competencia transferida, han llegado a un acuerdo sobre la postura común a mantener frente al Ministerio de Caamaño en el orden material del mantenimiento de tal atribución delegada. Las CCAA además de su tradicional reclamación de más medios materiales, interesan la creación de lo que denominan “juzgados de adscripción territorial”, auténticos órganos colegiados con competencia en una pluralidad de órdenes jurisdiccionales (penal, civil, social…) atribuida por razón de la ubicación de la litis, frente a la tradicional organización competencial objetiva por razón de la materia, excusando para ello la racionalidad económica del mantenimiento de la Oficina Judicial.

Ello supondría la atomización del principio de unidad jurisdiccional y comprometería el de igualdad ante la Ley, una vez más basándose en razones de orden económico. Otro ejemplo más de cómo la separación de la facultad judicial de las restantes, además del aseguramiento de instituciones que la garanticen funcional y organizativamente, que por supuesto, precisa también de medios económicos propios ajenos a decisiones políticas. Tal independencia económica, sólo se puede alcanzar si un Consejo de Justicia elegido por y entre todos los operadores jurídicos elabora su presupuesto, sometido tan sólo a aprobación ulterior de una comisión mixta de la Asamblea, nombrada por el Consejo de Legislación, y el Ejecutivo en equilibrio numérico de delegados, que de rechazarlo lo devolverían para su modificación y nueva presentación evitando así la preponderancia de un poder sobre los otros.

Que unos cuantos concejales del Partido Popular apoyen en pueblos como Inca o Felanitx las consultas independentistas sobre “el derecho a decidir del pueblo de las Islas Baleares en colaboración con los territorios de los Países Catalanes” puede dejar a más de uno sumido en la perplejidad o en la sospecha de que el esperpento es nuestra seña de identidad por antonomasia. Sin embargo, no resulta incoherente que los herederos del nacionalismo español franquista adolezcan de los mismos delirios de grandeza autodeterminista que el resto de nacionalismos ibéricos. Aunque los españoles, remedando la arbitraria cursilería de un Carod-Rovira o un Laporta, expresaran su incomodidad de serlo, tampoco tendrían, en su conjunto, un derecho de autodeterminación, ya que tal cosa, fuera del ámbito teológico, es un contradiós jurídico e histórico. La determinación precede al derecho que la codifica, siendo éste el reconocimiento oficial de un hecho; y el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de aquél. Resulta, por tanto, absurdo abordar la autodeterminación como un acto de autosuficiencia que presupone una potencia que impone su fuerza determinativa a otra, y que en realidad no se tiene: la de constituirse en Estado nacional independiente.

Así pues, el derecho de autodeterminación es un oxímoron, salvo que se predique de la única entidad capaz de ser “causa sui”, causa de sí mismo: Dios. Por cierto, Sabino Arana, una vez recobrada la pureza original que estaba siendo mancillada por un pueblo inferior, vislumbraba un Estado vasco teocrático, donde la fe católica sería la ley fundamental (Dios y ley vieja): aquí no estamos hablando de la concepción del origen divino de la ley, sino de la del origen nacional de la ley divina. Como una sustancia infinita que se determina a sí misma la esencia de la idiosincrasia nacional sólo puede estar a salvo en el seno de la autonomía cultural, pero en estos tiempos de internacionalización tal encapsulamiento sería tan irrealizable como la autarquía en el plano económico. No se puede renunciar a las importaciones ni impedir la asimilación de la cultura universal.

Pero los mitos de salvación nacional y los ineluctables destinos fundados en comunidades de carácter o “ese conjunto de cualidades físicas y morales que distingue a una nación de otra” (Bauer) siguen embriagando a los que anhelan habitar los paraísos en la tierra donde se incuban los huevos de la serpiente. Si Marx veía en la religión un alma suplementaria para un mundo sin alma, en España el nacionalismo es el espiritualismo que se practica en un mundo político desalmado, es decir, sin verdadera democracia.