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Año II, n° 289, lunes 6 de septiembre de 2010
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Debilidad europea
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Los editorialistas de los periódicos continentales no alcanzan a establecer las coordenadas a partir de las que analizar la que bautizan como debilidad política inglesa. Tras las elecciones generales legislativas en el Reino Unido, que han sido presentadas como ejecutivas mediante la intoxicación introducida a través de los debates televisivos protagonizados por los jefes de los principales partidos, la lógica partidista es incapaz de ver que la debilidad política de un parlamento “colgado” reside precisamente en su intervención para formar un poder ejecutivo no elegido directamente por los ciudadanos.
El sabio Felipe González, critica la falta de liderazgo europeo, al tiempo que alaba el discurso de Obama, al que critica su cortesía hacia el poder de Wall Street, mientras no alcanza a ver, o si o ve lo calla, que un poder distante y ajeno a los ciudadanos no puede tener la fuerza de la legitimidad que le permita actuar con determinación en momentos de crisis. González critica la introspección de las naciones europeas, cuando no existe un elemento de unión, situado por encima de cada Estado y legitimado por la fuerza del voto directo de todos los ciudadanos europeos.
La partidocracia europea camina hacia terrenos muy peligrosos cuando recurre a la lógica de las ideologías y critica a los “catch all parties” deslizándose al tiempo hacia sistemas proporcionales que alejan al ciudadano todavía más de su representante de distrito, y toman por iguales engendros burocráticos como la UE y democracias como la estadounidense.
Causa estupor ver como una simple reforma hacia el presidencialismo, y la elección directa del presidente del ejecutivo por todos los ciudadanos, evitaría la debilidad de sistemas parlamentarios propensos al pacto y la corrupción para hacerse con el ejecutivo, hasta el punto de cambiar las reglas de juego político según le convenga al partido bisagra de turno, ahora sea la secesión, otrora la irrepresentación.
El pensamiento de Montesquieu se hace más imprescindible que nunca en Europa si este viejo y terco continente no quiere repetir los errores institucionales del pasado que tanto daño provocaron a sus ciudadanos durante el sigo XX. Y la República Constitucional se alza sobre los hombros de este gran pensador, para garantizar la Libertad política al tiempo que la democracia y la unidad.
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David Serquera
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Canon de ilegalidad
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La Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dña. Verica Trstenjak, ha cumplimentado el trámite procesal de emisión del correspondiente dictamen sobre la legalidad del canon digital que se aplica en España sobre los medios y equipos electrónicos. El informe señala sin duda alguna que el recargo en el precio final de venta al público por tal canon supone una rotunda ilegalidad porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducción, y no únicamente a los específicamente destinados a la realización de copias privadas.
Las conclusiones de la Abogado General no vinculan al TJUE, aunque en la práctica éste las sigue a rajatabla en la mayoría de los casos. El informe se emite a resultas del litigio que enfrenta a la Sociedad General de Autores (SGAE) con la mercantil PADAWAN que comercializa dispositivos de almacenamiento electrónico como, entre otros, CD-R, CD-RW, DVD-R y aparatos de MP3. La SGAE reclamó a PADAWAN el pago de una compensación a tanto alzado por copia privada por importe de 16.759, 25 euros correspondiente a los dispositivos comercializados entre septiembre de 2.002 y septiembre de 2.004.
La legislación española permite la copia para uso privado sin autorización del autor de obras ya divulgadas, estableciendo como contrapartida una retribución fija gravando los equipos, aparatos y materiales de reproducción digital que gestiona la entidad administradora de los derechos de autor. En su dictamen, el organismo europeo señala las deficiencias de la regulación española ya que no establece la necesariamente precisa relación de suficiencia entre el derecho al uso privado y la correspondiente compensación económica por la copia, al punto de que en la práctica se presume el destino del equipo a los fines de la obtención de copias de forma indiscriminada.
Mientras, en España, la Ministerio de González-Sinde asegura la legalidad del canon digital señalando que la actual regulación no tiene vuelta atrás.
Anagrama de la SGAE
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Pedro M. González
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Descrédito general
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Como al jerarca que respondió “peor para la realidad” cuando sus consejeros trataron de hacerle comprender que ciertos proyectos eran irreales, hasta hace poco, a Zapatero le resultaba inconcebible no poder disponer de dinero para “hacer política” a pesar del desmadejamiento presupuestario. Las ideologías, en tanto nos permiten distanciarnos de la realidad e incluso sustituirla por plácidas evocaciones y vagas imágenes, trazan un plan de evasión del presente en nombre de un futuro imaginario.
No es extraño que el cultivo intensivo de la mentira, la aceptación de la demagogia como recurso natural del ecosistema partidocrático, la corrupción intelectual y el éxito aplastante de la propaganda, causen la pérdida del sentido de la realidad y la incapacidad de afrontar la verdad de las cosas, llamándolas por su nombre. Hasta que la hueca palabrería del presidente y su política a la deriva han chocado contra el muro de contención del realismo internacional. Sin embargo, considerar al presidente un simple iluso al que han bajado de la nube olímpica, sería incurrir en el reduccionismo de los que sólo quieren ridiculizarle. En la clase de dirigentes que produce este régimen, la irremediable carencia de noble inteligencia se suple con la abundancia de astucia mezquina, y Zapatero -con escasas nociones económicas pero ducho en cálculos y réditos electorales- no es una excepción. Ahora, trocará la necesidad de un inepto gobernante en virtuosismo de estadista al que no le preocupa su futuro personal sino el de la Nación.
La incertidumbre y las urgencias vitales que ocasiona la crisis obligan a todo el mundo a estar pendiente de las decisiones/indecisiones económicas y fiscales del Gobierno y del crédito que nos concedan –Saint-Simon, aquel apóstol de la industrialización, ya detectó en el manejo del crédito una de las formas principales de control y manipulación- en esos mercados internacionales que se distinguen por la facilidad y rapidez en la transferencia de capitales financieros que buscan maximizar beneficios, y donde la productividad ha sido inmolada en el altar de la especulación.
Zapatero se ha visto obligado a dejar de juguetear con sus “políticas sociales” para aplicarse a recibir la lección económica dictada por las potencias internacionales. Necesitamos el apoyo condicionado de éstas para salir a flote aunque ello nos convierta provisionalmente en un protectorado alemán o en una provincia del Imperio. Los economistas (esos expertos que sabrán mañana por qué lo que predijeron ayer no sucedió hoy) al servicio de los intereses más poderosos del planeta marcan el camino correcto. Esta era de los
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Rafael Serrano
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Éxodo judicial
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Que la solicitud de Garzón de incorporación al Tribunal Penal Internacional (TPI) en régimen de servicios especiales, con reserva del puesto de origen, se trataba de un intento desesperado de evitar la humillación de su suspensión tras el primero de sus encausamientos por prevaricación, lo sabía todo el mundo menos, al parecer, el Ministro de Justicia. Caamaño manifestó en declaraciones a EFE que no cree que el hecho de que el Juez Baltasar Garzón hubiera pedido el traslado al TPI tuviera que ver con “otras polémicas” relacionadas con que le hayan abierto tres causas como imputado ante el Tribunal Supremo.
Según el titular ministerial, Garzón siempre tiene “múltiples ofertas” en otros lugares u organismos internacionales, al igual que “otros muchos” jueces españoles (¡!). Resulta sorprendente la manera de hacerse el sueco de Caamaño, poniéndose de perfil ante una cuestión de privilegiado conocimiento de su negociado gracias a este sistema de poderes inseparados, por no hablar de la larga mano de las vocalías políticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Curiosidades de la vida, poco después de que D. Poncio Caamaño se lavara las manos, el CGPJ se pronunciaba a favor de la suspensión cautelar de funciones de Garzón, por lo que cualquier situación especial de reserva de plaza carecía ya de sentido.
Obviar la motivación del intento de éxodo garzonita para evitar la humillación de la suspensión de funciones, más dolorosa para el juez estrella que el apartamiento de sus funciones jurisdiccionales, es buena muestra de este permanente espejismo de normalidad institucional, “como si” viviéramos en democracia. La fallida estratagema de Garzón puede parecer un intento de salida airosa o una burda treta para salvaguarda de un orgullo inabarcable, pero desligarlo de la delicada situación penal del presunto prevaricador es hacernos pasar por tontos a todos.
Por su parte en idéntica postura, pero reflejada en el espejo de la hipocresía, el partido de la oposición no se atreve a valorar tampoco en sentido alguno la decisión aunque internamente se regocije de las desgracias de la estrella estrellada, significando en boca del Senador Arenas que se trata de cuestión técnica a resolver por el Poder Judicial. Vamos, lo que se llama, la “normalidad democrática y respeto a las instituciones”.
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Pedro M. González
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Estado autonómico
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De las muchas autopsias que se pueden realizar a nuestra España, aquella que disecciona la política económica estatal es una de ellas. Desde hace tiempo esa política es una colección de frases masculladas por un boxeador sonado, de declaraciones trabucadas de alguno de sus “manager” o de golpes lanzados al aire por su oponente desnortado. Unos y otros declaran ante la prensa sus ocurrencias económicas y sus réplicas irónicas. Unos y otros nos lanzan sendas colecciones de expedientes administrativos como si fueran pragmáticos remedios. La nación está en quiebra técnica, pero su ceguera política les impide ver la realidad que les circunda.
Uno de los grandes problemas de la España actual es la ignorancia, la desidia y la poca influencia que tiene el actor principal de la economía nacional, el Estado, en la dirección que debe tomar la sociedad y en la definición del marco en el que se realizan las transacciones económicas que tienen lugar en el territorio que supuestamente controla. La descentralización política llevada a cabo a golpes de espasmo electoral ha dejado fuera de juego a la mayor parte de los operadores nacionales, pues las burocracias regionales y locales se han encargado de enturbiarlas con permisos, concesiones o autorizaciones escondidas en las más de 100.000 normas autonómicas y municipales.
En la reciente publicación “el Coste del Estado Autonómico” realizada por la Fundación Progreso y Democracia se cuantifican parte de los costes suplementarios que pagamos los ciudadanos por la prestación de servicios públicos por órganos, supuestamente más cercanos a nosotros. Según sus autores, el estudio está motivado porque el Estado ha echado en el saco del olvido el conocimiento de la calidad de esos servicios, de la eficiencia de su gestión y de su impacto en el desarrollo regional; limitándose a transferir recursos financieros revestidos de tecnicismos huecos.
Las duplicidades absurdas (Parlamentos, Cámaras de Cuentas, Defensores del Pueblo, Institutos de estadística y meteorológicos, Agencias de protección de datos, etc.); el fraccionamiento de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, justicia); una inmensidad de gastos suntuarios (un diputado del Congreso cuesta 280.000€, uno del Parlamento catalán 505.926€); más de 50 Universidades en muchos casos infrautilizadas; dos o más Televisiones y radios públicas autonómicas financieramente ruinosas; y un sinfín de empresas, fundaciones, consorcios, agencias públicas cuya única finalidad es escaparse del derecho administrativo y servir para la colocación de su
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Lorenzo Alonso
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