Actualmente el Congreso de los Diputados está tramitando la modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y el proyecto de ley de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía, como colofón al acuerdo de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio. Todo para dar satisfacción a los oligarcas locales ansiosos de -con la escusa de acercar la Administración a los ciudadanos pero callando que el exceso de burocracia ha encarecido la prestación de los servicios públicos- participar en el pastel fiscal del Estado.

Algunos de los principios más propalados de este modelo han sido el aumento de la autonomía financiera y la consiguiente corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas. Desde el comienzo de esta locura descentralizadora, el Estado fue cediendo el 100% de la gestión recaudatoria de varios impuestos (Patrimonio; Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y tasas sobre servicios transferidos), creó otros nuevos tributos (determinados medios de transporte, electricidad, venta minorista de algunos hidrocarburos y tasas sobre el juego) hasta llegar a la actual cesión 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. A pesar de tener facultad para modificar los tipos impositivos, la realidad es que su recaudación sirve para calcular el Fondo de Garantía de Servicios Mínimos Fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), pues si una región no tiene suficiente con estas cesiones, el Estado pone el resto, soportando el desprestigio de exigir tributos a los ciudadanos, mientras que aquellas rentabilizan su utilización.

Este modelo no es más que un producto de ingeniería estadística destinado a respaldar el acuerdo con la multitud de variables y ponderaciones participantes en dicho Fondo (población total, mayor de 65 años, en edad escolar, protegida, dispersa o insular). Al galimatías añaden un Fondo de Suficiencia Global para financiar las demás competencias transferidas, dos Fondos de Convergencia autonómica (uno de Competitividad para reducir las diferencias de financiación “per cápita” y de paso penalizar a aquellas regiones que bajen sus impuestos, y otro de Cooperación para compensar a aquellas regiones con menor riqueza relativa o una dinámica poblacional negativa) y un conjunto de recursos adicionales (los famosos 11.000 millones de euros) repartidos de forma discrecional. En definitiva, este modelo no garantiza recursos financieros para tantos gastos, ni crea figuras tributarias regionales que los ciudadanos distingan nítidamente, ni define de forma clara el servicio público fundamental, ni sus costes directos e indirectos.

Hasta ahora la llamada Transición Española había sido presentada por sus apologetas como el proceso ejemplar de paso de una dictadura a una democracia gracias a la milagrosa conjunción de una voluntad suicida de los prohombres del franquismo, un ejercicio de “realismo” por parte de los líderes de la oposición y una conducta intachable del pueblo español, que supo enterrar viejas rencillas y odios seculares en un esfuerzo colectivo por hacer de España un “proyecto sugestivo de vida en común”, como diría Ortega y Gasset. Un oído malicioso podría atribuir, en este contexto, a la palabra “realismo”, un significado político de defensa de la monarquía, y aunque no se desviase un milímetro de lo entonces acontecido, indudablemente con “realismo” se pretende decir otra cosa, mucho más confusa y de significado equívoco: una hábil mezcla de posibilismo y oportunismo. Posibilismo entendido como la tendencia a aprovechar lo existente para ponerlo al servicio de los fines propios, renunciando a optar por medios que, por impotencia propia o por impedimentos ajenos, resultan inviables. Tal posibilismo es primo hermano del oportunismo, entendido éste como predisposición favorable al aparcamiento de principios fundamentales para el logro de otros fines de pretendido orden superior. El oportunismo desmiente, por tanto, el carácter fundamental de los principios postergados. El “realismo” aquí aludido convierte en realidad objetiva, del todo ajena a la influencia de los agentes implicados, relaciones de poder que no se cuestionan en aras del oportunismo.

Tal chapuza conceptual, como toda propaganda, es de fundamentación inevitablemente torpe. Pero Gregorio Peces-Barba ha tenido a bien completarla con un nuevo elemento que faltaba en el cuadro armónico de aquellos acontecimientos: la Transición, dice en EL PAÍS el 12 de noviembre, hizo que la política en España recuperase una impronta mucho más “racional y razonable” después del “impresentable irracionalismo político del franquismo”. Si entendemos “racional” en el sentido weberiano del término, es decir, aquella cualidad por la que se produce una adecuada relación entre los medios practicados y los fines perseguidos, la dictadura de Franco puede sin duda presumir de tal característica. Pero, en lo que respecta a la Transición Española, el problema necesita de una previa delimitación conceptual en la cual la propaganda no puede detenerse, so pena de desmontar todo el armazón que la sustenta: se trata de definir, si es posible, los fines perseguidos por quienes tomaron parte en aquel proceso, y, más aun, explicar lo que, en términos comprensibles, no puede ser explicado: cómo pudo producirse la comunión de fines entre quienes, hasta hace bien poco,