Diálogo entre Antonio García-Trevijano y Dalmacio Negro criticando los metafóricos titulares de la prensa española y al régimen de partidos que tiene como factor de gobierno la corrupción.
Fuentes:
https://www.ivoox.com/rlc-2014-12-31-repaso-a-prensa-dalmacio-audios-mp3_rf_3908006_1.html
Música: Mamita (Habanera). Juan Mª Guelbenzu (1819-1886). Interpretado por Ana Benavides.
El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra «anómalo» como el adjetivo para designar lo que es ‘irregular, extraño’. Viene al caso traer esta definición porque el Colegio de la Abogacía de Madrid (antes Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) ha descrito la situación penal de D. Álvaro García Ortiz como «un hecho anómalo y sin precedentes».
Sin precedentes desde luego que lo es, en tanto se trata de la primera vez que un fiscal general del Estado recibe una imputación penal en el ejercicio de su cargo. Pero de anómalo no tiene nada. Y no lo tiene porque su actuación deriva del propio funcionamiento orgánico de esa institución. Es lógica consecuencia de su designación directa por el jefe del ejecutivo.
Las razones por las que el Sr. García Ortiz no dimite son dos: la primera de orden personal, pues mientras se mantenga en el cargo podrá controlar la instrucción que se sigue contra él. No olvidemos la estructura jerárquica y principios de subordinación y obediencia debida que rigen la actuación de la Fiscalía, en cuya cúspide se sitúa.
Pero la segunda es aún de mayor gravedad, pues rebosa lo personal para entrar en lo institucional. Esa razón es de pura corrupción moral derivada de la organización de la Fiscalía, y consiste en la absoluta conciencia de que está cumpliendo fielmente la misión para la que ha sido elegido. Es la simple consecuencia de la configuración de la Fiscalía como estructura dominada por un fiscal general del Estado elegido por el Gobierno, que lleva a su jefe a hacer a la prensa la pregunta retórica sobre de quién depende aquélla.
Esto será un aperitivo si finalmente, y como parece (al estar de acuerdo los partidos del Gobierno y oposición), sale adelante la reforma procesal penal para sustraer las competencias instructoras al juez y atribuirlas al fiscal.
La solución es tan simple como ajena a cualquier voluntad política: la auténtica unidad de las carreras fiscal y judicial dentro de una Justicia independiente regida por un órgano de gobierno separado del poder político orgánicamente, garantizando así la integridad de la función de defensor del derecho propia del Ministerio Público.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 235 de «La lucha por el derecho» nos explica por qué el fiscal general del Estado no renuncia a su cargo al estar siendo investigado por un delito de revelación de secretos.
A partir de la portada del diario El País el 20 de noviembre del 2015 titulada ¨Qué hacía yo cuando Franco murió¨, don Antonio narra cómo vivió los días previos a la muerte de Franco.
Fuentes: https://go.ivoox.com/rf/9453797
Música: Mamita (Habanera). Juan Mª Guelbenzu (1819-1886). Interpretado por Ana Benavides.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 234 de «La lucha por el derecho» nos explica, a través del concepto de identificación, el paso de un sistema electoral representativo a uno de integración de masas en el Estado.
Breve historia de la transición española, del paso de la dictadura a la actual oligarquía de partidos estatales.
Fuentes:
https://go.ivoox.com/rf/15804150
Música: Mamita (Habanera). Juan Mª Guelbenzu (1819-1886). Interpretado por Ana Benavides.
La reforma del coloquialmente llamado poder judicial en Méjico, impulsada por su presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), supone un paso decidido hacia el totalitarismo, bajo la excusa de su democratización. Sin embargo, la justicia, como el ejército o como la familia, no puede ser democrática. Como si lo justo dependiera de lo que opine la mayoría. Otra cosa es que su independencia de los poderes políticos sea requisito imprescindible en una democracia.
En realidad, quienes apelan a una «justicia democrática», como AMLO, lo que quieren es su control a través de los poderes fácticos con los que cohabitan o, en el mejor de los casos, y tampoco es nada bueno, la Ley de Lynch. Efectivamente, no es lo mismo la justicia en una democracia ―que se refiere a las reglas institucionales que garantizan su independencia y separación en origen de los poderes políticos del estado y de la nación― que justicia democrática. Esta última atañe al fundamento de su aplicación.
En los países con derecho codificado de origen romanístico los jueces son intérpretes de la legislación. Al contrario, en los de formación consuetudinaria, como Reino Unido o los Estados Unidos de América, son creadores del mismo a través del precedente. En tal diferencia fundamental reside la razón de que mientras en los primeros la elección de los órganos de gobierno de la Justicia y su ordenación administrativa sea de extracción técnica, en los segundos sea de elección política.
Mientras que en los países de tradición jurídica codificada el juez realiza una labor jurisprudencial hermenéutica, en los anglosajones es verdadero legislador. Por eso, y dada esa adicional fuente del derecho a la creación normativa mediante representantes legislativos, en estos últimos la elección de su Gobierno es análoga y corresponde al mismo cuerpo electoral común que el legislativo.
Méjico, por herencia española, está entre esos primeros países caracterizados por el positivismo legal. Y aunque, a diferencia de España, la jurisprudencia sí se configura como fuente del derecho, como la doctrina, lo es con carácter residual y siempre sometido a la ley positiva que se establece como fuente principal.
Por tanto, tanto en España como en Méjico la neutralidad del poder judicial (casi nulo,en palabras de Montesquieu) exige que para su misión de concreción y privación de derechos, el juez, en el ejercicio de sus funciones, esté libre de influencias o intervenciones extrañas que provengan no sólo del Gobierno o del parlamento, sino también del electorado político o cualquier otro grupo de presión, dado ese carácter legislado de nuestro ordenamiento jurídico, no consuetudinario.
Cuando la justicia legal es positivada por verdaderos representantes legisladores, la independencia judicial en su interpretación ―ya que no crea la ley― no se podrá alcanzar nunca si el coloquialmente llamado poder judicial y sus miembros son elegidos por el mismo cuerpo que designa a los poderes políticos. Sin embargo, sí entra en buena lógica jurídica cuando el derecho es creado por la propia jurisprudencia, ya que el juez en tal caso está asumiendo una función legisladora.
Por eso, tanto en Méjico como en España la independencia personal de los jueces y, aun más importante, la institucional de la justicia, por las características de sus sistemas de fuentes, sólo puede asegurarse mediante la elección de la presidencia de su órgano de gobierno de forma mayoritaria entre todos los operadores jurídicos. Desde el presidente del tribunal más elevado hasta el bedel del juzgado del pueblo más recóndito, con igualdad de voto.
Hoy publicamos un programa especial, presentado y conducido por Marcelino Merino, donde Juan José Charro y Fulgencio del Hierro charlan con el gran divulgador mexicano Éric G. Cárdenas, autor del canal México antes de México (https://youtube.com/channel/UCE7e3hIk6r5ecDEdAGJ923Q?si=DcO3M6swgOlDQCjV), sobre la hispanidad, su historia y la actualidad política de México y el mundo novohispano.
Hoy publicamos el capítulo nº 72 del programa «Escenario internacional» y el decimosexto de la serie «La democracia en América», presentado y conducido por Marcelino Merino, donde Fulgencio del Hierro, Pedro M. González, Juanjo Charro y Fabián Moreno, analizan el hecho histórico de la hispanidad, alejada de cualquier tinte ideológico.
Pedro Manuel González, autor del libro «La Justicia en el Estado de partidos», en el capítulo nº 233 de «La lucha por el derecho» diferencia entre el concepto de Justicia en democracia y el de Justicia democrática a partir de la reforma judicial que quiere impulsar el presidente de México. También nos explica por qué ésta no va a garantizar una mayor independencia judicial.
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