mirlo blanco o cisne alado,

águila o buitre leonado,

cuervo, aguilucho, pinzón,

o moscón tocapelotas?

Al loro, que no es gorrión,

que estos pajarracos son

gaviotas.

Son pájaros de altos vuelos

y taimados carroñeros

que ni a un muerto ponen peros

ni en la tierra ni en los cielos.

Viven de nuestras derrotas.

Al loro, que no es gorrión,

que estos pajarracos son

gaviotas.

Son tijeras como picos

clavados en nuestros pechos,

al pobre quitan derechos

y se los dan a los ricos.

Y nos toman por idiotas.

Al loro, que no es gorrión,

que estos pajarracos son

gaviotas.

Mareando las perdices

y viviendo del engaño

van pasando año tras año

tocándonos las narices,

y poniéndose las botas.

Al loro, que no es gorrión,

que estos pajarracos son

gaviotas.

Poema de Antonio Casares.

Fotografía: José Antonio Galloso

Juan Seoane

Mentir define al Estado y al  hombre del siglo XXI, pues ya nadie cree que la libertad sea su esencia. Nos creemos libres porque creemos que los demás lo serán. Algo semejante ocurre con la creencia en Dios: el uno cree que es el otro el que verdaderamente cree y por tal motivo él también “hace como que cree”. Triste, pero cierto: hacemos como si la libertad política existiera pero sabemos de su imposibilidad en el régimen político actual, y, en conclusión, el resultado final es una sociedad del simulacro y de la mentira.

El hombre europeo, desde la segunda guerra mundial, y el español desde 1978, han establecido con firmeza la  gran mentira del estado de partidos en la constitución mental humana y la han convertido en mentalidad inmutable de una supuesta democracia representativa, en realidad inexistente. Decir lo que no es  todos los días durante décadas deviene configuración pragmática de lo falso en verosímil- aunque nosotros sepamos que no corresponde a la verdad política también sabemos la configuración mental de los demás en estos temas-.

La mentira política se reducía a la diplomacia hasta la época moderna, a partir de la cual la  necesidad de tener controlada a la opinión pública hizo multiplicarla hasta el infinito en cantidad y calidad. Unida a la razón de Estado, la mentira política legaliza el crimen del espacio público, la libertad colectiva e, incluso, de las personas.

Para la existencia de la mentira política se requiere un fondo de veracidad, pero en el estado de partidos dicho fondo no existe. ¿Cómo distinguir, entonces, la verdad de la mentira?- Es imposible. Así, incluso las voluntades más jóvenes, que en el nuevo 12 y 15 M se echarán a las calles de España, usarán el juego de mentiras que como <sprachspiel>  wittgensteiniano sigue aportando un significado espurio a la democracia representativa.

Y, sin embargo, la apelación a lo real incita  de inmediato en los jóvenes a pensar en la posibilidad de que la mentira política está también en sus mentes.

Todo movimiento social de ruptura con el estado de partidos debe saber que la naturaleza del mismo es, en cierta forma, “bélica”[1], en el sentido de que utiliza la mentira como arma de defensa contra sus enemigos externos e internos.

La partidocracia es un conjunto de grupos secretos dirigidos por sus jefes de partido que tienen como enemigos a la misma sociedad civil, pero su secretismo en la época de la opinión pública es de exposición mediática. Lo que explica que toda palabra de los miembros del estado de partido sea expresión de la mentira que disimula lo que son y simula lo que no son. El siervo voluntario se identifica con la palabra falaz de su jefe pues la misma está siempre dirigida- no a ellos-, sino al enemigo interno: la sociedad  civil, la opinión pública libre.

El estado de partido ha destruido, casi por completo, la libertad en Europa. Es hora de resucitarla o conquistarla por primera vez. Europa requiere  instaurar las  repúblicas constitucionales.

Antonio Muñoz Ballesta.

¿Acaso él no fue elegido para representar los intereses de la región, y más allá, los intereses de sus electores?. ¿Por qué  ejerce Martínez Pujalte de vocero del Gobierno si  es Diputado?.

Miro a la vecina Francia y veo que sus ciudadanos pueden elegir directamente Diputados de Distrito, y veo también que sus ciudadanos pueden elegir directamente al Presidente de la República. Veo que los franceses eligen Diputados en circunscripciones pequeñas, y observo que estos representantes se deben a sus electores y no al jefe de partido.

Nosotros, los españoles, estamos condenados a no poder elegir al Presidente del Gobierno o República. Los partidos políticos pactaron un sistema electoral cerrado y bloqueado, proporcional y corregido por la ley d Hondt que hace imposible la representación de los electores en la Asamblea Nacional o Congreso de los Diputados.  Pero, por si eso fuera poco, el estado de partidos nos obliga a elegir  en circunscripciones provinciales y a través de listas de partido, confeccionadas por sus jefes en base a la disciplina de voto.  En Francia las candidaturas son uninominales y se eligen a dos vueltas, en la segunda vuelta sale elegido el candidato que más respaldo tiene, es elegido por la mayoría de todos los electores, y allí los distritos son pequeños, los electores conocen a sus candidatos.

Martínez Pujalte, al igual que el resto de diputados de listas de partido, obtuvo su acta de diputado porque formaba parte de una candidatura hecha y aprobada por la dirección nacional del Partido Popular, para que una vez instalado en la Carrera de San Jerónimo él eligiera a su vez al Presidente del Gobierno, el cual había dado su visto bueno a la  inclusión del murciano en la lista.  Este mismo mecanismo se reproduce en todas las candidaturas que compiten.

Ahora, los murcianos, los españoles en general asistimos  al espectáculo de ver que determinados diputados en vez de estar al frente de la solución de los problemas de los naturales de sus distritos, están ejerciendo de “portavoces del gobierno”. Tenemos que asistir a la indignidad de ver como quien nos tendría que representar a nosotros representa al Gobierno. Descubrimos en nuestras propias carnes, cómo en la España de la gran mentira, Ejecutivo y Legislativo son la misma cosa, cómo quien manda en el Gobierno manda en el Parlamento, no hay Democracia, no hay Separación de Poderes, no hay Representación. No nos representan.

Los murcianos, los españoles acudieron a las urnas engañados. Acudieron a elegir Diputados cuando en el fondo estaban eligiendo Presidente del Ejecutivo, pero ni pueden elegir a unos ni pueden elegir al otro. A los Diputados los elige el Presidente y al Presidente los eligen los Diputados… tiene gracia la cosa.  Luego en el Congreso vendrán los pactos, los repartos y los apaños.

Los medios de comunicación, ni uno. Los periodistas y columnistas, ni uno  solo denuncian la mentira y la falsedad de sistema. El régimen se sostiene en esos tres apoyos, el financiero, el mediático y el partitocratico, la clase política está bien arropada y protegida.

Acabamos de asistir a la celebración de las elecciones en  Francia y hemos podido ver cómo un presidente de república obtiene la  mayoría en una circunscripción, de toda la nación,  y a doble vuelta. Le han elegido en elecciones separadas a las que constituyen el Poder Legislativo y nadie en España ha reflexionado sobre esa circunstancia. Solo los repúblicos.  Por ahí anda todo el mundo diciendo eso de “no nos representan”, “democracia real ya”; pero nadie coge el toro por los cuernos.

Los  diputados, mientras tanto ejerciendo de Portavoces del Gobierno, de Representantes de la Nación, de intelectuales que lo saben todo, y que de todo opinan; que aprueban  leyes por mandato del Gobierno y se someten a la vergonzosa vigilancia del ejecutivo en unas votaciones que teatralizan y hacen por “mandato imperativo”  de sus jefes de filas. Diputados que tienen abandonadas sus  circunscripciones,  que no tienen contacto con sus vecinos, que compatibilizan sus diputaciones con alcaldías y  cargos de mando en las estructuras de hierro de sus partidos estatales.

La sociedad civil,  desposeída de sus mediadores ante el Estado, expropiada de  verdaderas organizaciones ciudadanas, sin representantes que hagan valer sus intereses, silenciada, callada.

La solución:

Democracia

Separación de Poderes (Elegir por separado al Presidente del Gobierno y a los Diputados). Elecciones distintas y distantes en el tiempo.

Representación

Mandato imperativo de los electores

Capacidad de revocabilidad para poder destituir al diputado que no cumple con el programa pactado con sus electores, y nombrar al sustituto.

La Oficina del Diputado en el Distrito, el contacto permanente del representante con los representados.

Reglas de Juego limpias (cada uno a lo suyo)

El Ejecutivo, gobierna y no mete sus narices en el parlamento.

El Legislativo, legisla y controla al gobierno.

La Potestad de Juzgar, separada de uno y otro poder, constituida por separado y con presupuesto propio.

Enlaces:

 ASAMBLEA DE VECINOS DE LORCA AFECTADOS POR EL TERREMOTO: LA POCA VERGÜENZA Y FALTA DE RESPETO DE  MAasambleaterremoto.blogspot.com.es

El ultraderechista Martinez Pujalte dice que los lorquinos se gastan el dinero de la reconstrucción.vegamediapress.netDiario de información general de la Región de Murcia, líderes en opinión

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Vicente Carreño Carlos

El Caso Noos ocupó también la atención oportuna. La pendencia del recurso de apelación contra la negativa a imputar a la Infanta Cristina y su deliberación para próximo 20 de Julio mereció especial consideración. “Llama la atención la fecha, 20 de Julio. Hay una fecha en materia de derecho fiscal que cualquier mediano conocedor de esa rama del ordenamiento le atribuye un significado, que es la de 30 de Junio. Los días 30 de Junio de cada año prescriben determinados ejercicios anteriores. El que se haya diferido la decisión sobre imputar o no imputar a la Infanta a veinte días de esa fecha crucial permite intuir algo”, aclaraba D. Jesús.

García-Trevijano puso sobre la mesa el importante asunto de las tasas judiciales y su espectacular subida anunciada por el Ministro de Justicia, Sr. Gallardón. “Las tasas de Gallardón vienen a decir que no todos somos iguales ante la Justicia. Ahí está la pinza de la injusticia, por un lado el Rey y su familia, por otro lado la de ricos y pobres”. Santaella subrayaba el sinsentido consistente en que si las tasas para interponer recurso deben reintegrarse en caso de prosperar éstos: “¿Porqué el estado no indemniza por mal funcionamiento de la primera instancia cuando se revoca en apelación una sentencia?”. Cuestionada así tanto la utilidad como la finalidad de este sistema de tasas, D. Antonio terminaba señalando que su articulación supone elevar a categoría “el derecho a  la pereza del funcionario”.

El resto del programa se ocupó a tratar otros asuntos de actualidad como la política de nombramientos en la fiscalía y Audiencia Nacional, como la propuesta de Fernández-Bermejo como nuevo Fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y el proceso abierto para ocupar las vacantes de Grande-Marlaska y Garzón. La reforma del Código Penal para ampliar la prescripción de los delitos fiscales y la defensa de la designación parlamentaria del CGPJ por antiguos Ministros de Justicia completaron el interesante debate.

Fotografía: EFE

            Pedro M. González

           Éste último no es otra cosa que una bonificación del 50% a las plusvalías derivadas de la transmisión de inmuebles urbanos que se adquieran desde la publicación en el BOE de la medida, hasta el 31 de Diciembre de este año, permitiendo que esa bonificación se refleje en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades (IS) correspondiente al año 2012.

            Ante el desconcierto de por qué se ha concedido esta ventaja fiscal, vamos a intentar explicar los motivos de la misma analizando los antecedentes normativos.

            Para ello debemos retrotraernos al Consejo de Ministros de 19 de Agosto de 2011, en el cual el Gobierno del ex Presidente Rodríguez Zapatero redujo el IVA del 8% al 4% en la adquisición de vivienda nueva.

         Esta medida se adoptó para permitir que las entidades financieras que tenían que adjudicarse los activos hipotecados y embargados a las promotoras “zombies”, lo hicieran pagando el 4% de IVA en vez del 8% establecido hasta ese preciso momento. Ahorro fiscal: 4% del valor de adjudicación de cada inmueble.

            El Gobierno del Presidente Rajoy prorrogó el IVA superreducido (4%) hasta el año 2012 (ver Real-Decreto Ley 20/2011) para la compra de cualquier vivienda, pues no estableció ninguna diferencia entre vivienda habitual y segundas viviendas, por lo que el IVA superreducido se aplicará durante 2012 a todas las nuevas viviendas y sin límite en su precio de adquisición.

            Dejemos por ahora el IVA superreducido al 4% para la adjudicación de cualquier vivienda y volvamos al Consejo de Ministros del pasado viernes 11 de Mayo.

            En ésta reunión el Gobierno decidió obligar a bancos y cajas de ahorro a que provisionen el 85% del valor en libros de los suelos de los que disponen en su cartera, el 65% por lo que respecta a  promociones en curso y el 35% en cuanto a viviendas terminadas.

            Esto significa que si en el balance el banco tiene un inmueble valorado en 100.000 euros, tendrá que realizar provisiones (reservas) por el monto 35.000 euros para cubrir las pérdidas derivadas de la eventualidad de que el inmueble sea vendido a un precio inferior al que aparece en el balance.

            Además de esas provisiones, el Gobierno va a obligar a las entidades bancarias a traspasar todos sus activos inmobiliarios problemáticos antes de que termine el año en curso a otras mercantiles denominadas Sociedades de Gestión de Activos (SGA).

            El precio de transferencia de esos activos a las SGA será el siguiente: valor en balance del inmueble (siguiendo con el anterior ejemplo, 100.000 euros) menos las provisiones (si hablamos de viviendas terminadas, el 35% del valor en libros, que en nuestro ejemplo supondrían 35.000 euros).

            O lo que es igual, un inmueble que el banco valora en 100.000 euros se transferirá a las SGA por el precio de 65.000 euros.

          En esa transmisión no habrá plusvalía para el banco, sino todo lo contrario, pérdidas, pues los traspasos se producen a valores depreciados (siguiendo con nuestro ejemplo, de 100.000 euros que aparecía en el balance a 65.000 euros, gracias al artificio de las provisiones). Por tanto, no tendrán que abonar impuestos al ser la ganancia nula.

            Ahora bien, y aquí interviene la bonificación fiscal aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, las Sociedades de Gestión de Activos (SGA), nuevas titulares de los inmuebles ya depreciados, tienen que vender el patrimonio, y lo deberán hacer al precio más alto posible para que el banco, su propietario real, recupere todo o parte de las pérdidas generadas por las provisiones, la depreciación del inmueble y el lucro cesante derivado del crédito fallido, entre otros perjuicios.

           Pues bien, para permitir que las ventas de los inmuebles de las SGA previamente minusvalorados, se puedan hacer a un precio superior al precio de transferencia sin que los propietarios últimos, las entidades financieras, tengan que tributar por todas las ganancias que obtengan, el Estado crea la bonificación fiscal, esto es, las plusvalías generadas por las SGA por las ventas de inmuebles durante el año 2012 tendrán una bonificación del 50% en IRPP o Impuesto de Sociedades durante este año.

            Conclusión:

            1.   Los bancos se pueden adjudicar todas las viviendas embargadas a las promotoras quebradas al IVA superreducido del 4%.

     2. Las plusvalías que obtengan por las ventas de las viviendas adjudicadas con un IVA superreducido y transferidas, previa depreciación, a las Sociedades de Gestión de Activos, tendrán una bonificación del 50% en el Impuesto de Sociedades de 2012.

       Suponemos que la medida se prorrogará para años sucesivos, como se ha prorrogado el IVA superreducido, hasta que se vendan todas las viviendas que formen parte del patrimonio de las SGA.

         En fin, la socialización de pérdidas, vía merma de ingresos públicos, es un hecho consumado.

          Señores, no es una cuestión personal. Simplemente el Estado caníbal es así.

Imagen de: http://elblogdeconferenciasyformacion.com

                                                                       Jorge Sánchez de Castro Calderón.

“Cuando advierta que para producir usted necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye no hacia quienes trafican con bienes, sino con favores;  cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y la influencia política y no por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos quienes están protegidos contra usted; cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez es un autosacrificio, entonces usted podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”.

Todos y cada uno de estos hechos se dan en grado superlativo en la España actual. El dinero no fluye hacia la economía productiva, la corrupción es recompensada, el enriquecimiento procede de la influencia política y la ley protege a los corruptos mientras los ciudadanos, engañados y arruinados, se encuentran indefensos. No tanto si están dispuestos a actuar, porque, a pesar de todo, hay una mayoría de jueces honrados, aunque delitos clamorosos sean sobreseídos o se indulte a los poderosos. Y, mientras, Rajoy improvisa una chapuza por semana; la del viernes, 30.000 millones de provisiones para la banca, no da ni para pipas. La gente se quedaría horrorizada si supiera cómo deciden sobre sus vidas: todo improvisado el jueves, sin analizar nada, sin cifras certeras, sin diferenciar solventes de insalvables, cambiando de opinión cada hora, sin tiempo (“denegado, mañana como sea”)… una chapuza de república bananera.

“Spain´s plan fails to convince”, dijo el FT en su portada. “¡Basta!”, dijo Lex en su influyente columna, “los bancos españoles son maestros en el engaño… el país ha desperdiciado otra ocasión de oro, el gradualismo no va a ninguna parte. Hasta que no hagan una reforma seria, los inversores permanecerán fuera”. La gran banca ha salido en tromba diciendo que cumplirán sin problemas. ¿Cómo no?, ¡si son ellos quienes han puesto la cifra! De Guindos ya no se fía del BdE. ¿Y cuánto dinero público se ha enterrado? Para empezar, 15.000 millones, la suma de tasas y copago en Sanidad y Educación, más la subida del IRPF, solo para salvar bancos que deberían ser cerrados. Es disparatado, es inmoral.

De cómo han estafado a cientos de miles de ahorradores

Empecemos por Bankia, “el gran banco de la nueva banca”, el del “Hágase banquero”, una entidad que con la colaboración de la CNMV, el BdE y el Gobierno de Zapatero consiguió, como señala FT, “lo que ningún otro banco europeo hubiera podido, obtener 3.300 millones de euros de capital en medio de una crisis brutal” y que ha acabado como era perfectamente previsible: llevando a la ruina a cientos de miles de pequeños ahorradores. Primero les engañaron con el folleto de salida a bolsa aprobado por la CNMV, que como el BdE, sabía que varias de las cajas que se integraban estaban quebradas pero calló. Los cientos de miles de estafados pueden y deben organizarse y litigar contra todos ellos. Y contra un Gobierno que promovió esta y otras medidas análogas, como Banca Cívica, CAM, CCM, Caixa Cataluña, etc. Por cierto, ¿a cuánto ascendió el gasto publicidad y cómo se seleccionó a la agencia que lo hizo?

¡A los tribunales ciudadanos! Formen sus agrupaciones, contraten buenos abogados y vayan contra la nueva tiranía, luchen sin tregua contra los bancos, la CNMV y BdE que les han arruinado. Ganarán. La razón y la ley están de su parte

Como explicaba el jueves en este diario Enrique Utrera, los directores de sucursales aseguraban que “las acciones tendrían una rentabilidad por dividendo del 7 %, y que el valor de la acción iba a tener una fuerte revalorización”. La CNMV permitió además un cambio de las reglas del juego en el sistema de prorrateo, lo que perjudicó gravemente a los inversores. Y hubo mucho más: al engaño se unieron ciertas prácticas cercanas al chantaje. El modus operandi, empleado en este caso no solo para colocar acciones, sino también en la colocación de preferentes y bonos patrióticos por muchos bancos españoles, es el siguiente: los jefes de sucursal llamaban a clientes con líneas de crédito para decirles “Mire don Fulano, tenemos este producto fenomenal, acciones en este caso, y tiene usted una línea de crédito de (por ejemplo) 10 millones. Si quiere que le mantengamos la línea debe usted comprarnos un millón de euros en acciones -el 10 % de la línea de crédito era la cifra habitual- y si no lo hace tendremos que rescindírsela”.  Solo podían aceptar.

Los accionistas han perdido el 45% de su dinero en 9 meses. Ninguna institución extranjera compró porque, como decía FT, “había demasiadas banderas rojas”, que la CNMV, el BdE y el Gobierno conocían y ocultaron a los ciudadanos. Y no son solo los accionistas… ¿qué pasa ahora con decenas de miles de pequeños ahorradores que compraron, engañados, preferentes porque era el “seguro de sus ahorros” y ahora ni pueden venderlas porque no hay mercado ni recibirán intereses en años? Ningún banco pagará este año intereses a las preferentes. Y, mientras tanto, los sueldos de los de los consejos y de los gestores han sido escandalosos: 25 millones en Bankia, 4,5 en BFA, los de Cívica tenían cada uno tres secretarias en Madrid, y otras tres en Sevilla y Pamplona, varios coches, visas oro y sueldos millonarios. Menos mal que estaban quebrados.

“La destrucción de valor producida por Bankia es inmensa”, afirmaba el jueves FT. Y el problema ya no es solo Bankia, alcanza a todo el sistema, incluidos los más grandes. Por ello, y parafraseando La Marsellesa,  “aux armes citoyens! Formez vos bataillons! (…) Contre nous de la tiranie!”. Lanzo desde aquí una llamada muy clara: ¡a los tribunales ciudadanos! Formen sus agrupaciones, contraten buenos abogados y vayan contra la nueva tiranía, luchen sin tregua contra los bancos, la CNMV y BdE que les han arruinado. Ganarán. La razón y la ley están de su parte.

“¿Por qué banqueros, reguladores y Gobierno mienten?”

Sin embargo, Bankia no es la excepción. “Su ceguera, su incapacidad para abordar los problemas y su negación de realidad”, en palabras del WSJ, es regla de conducta de la banca más prepotente y politizada de Occidente. Era también la pregunta -el ladillo que precede a este párrafo- que se hacía FT sobre España. No se comprende bien como, habiendo perdido toda credibilidad desde Nueva York a Shanghai, desde Londres a Frankfurt, banqueros y Gobierno siguen mintiendo y aplazando las medidas necesarias. ¿Cuál es el fin? Ya no engañan a nadie, excepto a los españoles, gracias a su control aplastante de los medios. Sirve al Gobierno, aunque temporalmente, porque si ha perdido 4 puntos en los meses de gracia, ¿cuántos perderá en un año? Pero, ¿qué ganan los bancos con la ruina de España, a la que tan irresponsablemente han contribuido, con los mercados cerrados y sin credibilidad alguna? Esperan un milagro, pero ellos mejor que nadie saben que no existen en su negocio.

En mayo de 2006, los inspectores del Banco de España en un documento de cuatro folios advirtieron al gobernador y al Gobierno de los gigantescos desequilibrios que se estaban produciendo en el sistema financiero. También de la necesidad de atajar los mismos utilizando las atribuciones del BdE como regulador, antes de que se produjera una catástrofe. MAFO, Solbes y los grandes banqueros no solo hicieron caso omiso del aviso, también negaron que hubiera problema alguno. Solbes lo resumió así: “Cuanto más se endeudan las familias más ricas son, porque los pisos nunca pueden bajar de precio”. En EEUU Solbes y MAFO habrían ido directamente a la cárcel. La banca española es, en estrecha colaboración con la casta política, la causa de la ruina de España. Si hubieran hecho caso al SOS de los inspectores, la crisis jamás hubiera llegado a este punto.

Y dónde estamos hoy realmente. Bloomberg lo resume así: el Gobierno ha pedido a los bancos incrementar sus provisiones en otros 30.000 millones, hasta 130.000, menos de la mitad de crédito promotor -¿el 7,5% de los activos del sector es todo el problema?- ¿y qué pasa con los 1,4 billones de euros de deuda hipotecaria y corporativa? Para ello, la banca deberá incrementar nueve veces la cifra pedida, 270.000 millones hasta un total de 370.000 millones en que la media del mercado estima hoy el agujero del sistema financiero. “El Gobierno español infravalora gravemente las pérdidas, va siempre varios escalones por detrás”. Y concluye con un lapidario “There´s no way out for Spain”. El sector ya no podrá ser capitalizado sin ayuda externa.

Y lo más importante, ¿a cuánto ascenderá el expolio de dinero público? A decenas de miles de millones. Es inmoral, es “una injusticia bestial”, como denuncia Cáritas, rescatar bancos con dinero público mientras la pobreza y el paro crecen exponencialmente. Y, sin embargo, la solución es clara: salvar solo lo salvable, capitalizar los pasivos, los accionistas y bonistas lo pierden todo, excepto los pequeños accionistas en un límite prefijado -aparte de que, como he explicado, pleiteen contra el banco, el BdE y el Gobierno- y los acreedores se quedan con el banco, es decir, recuperan lo que buenamente puedan. Los que no tengan accionistas (CAM, Caixa Catalunya, etc…) se garantizan los depósitos inferiores a 100.000 euros y al resto lo que quede. Los acreedores lo pierden todo por su insensatez.

Que bancos o inversores insensatos que han hecho préstamos insensatos pierdan su dinero no provocaría ningún pánico bancario, como dicen algunos analistas, sucede en todas las crisis, han perdido el 80% en Irlanda y no pasa nada. Lo que no puede ser es cargar el coste de salvar a ineptos, corruptos y acreedores irresponsables a un país empobrecido en riesgo cierto de hundimiento. Como diría Ayn Rand, hoy podemos afirmar con certeza que la sociedad española está condenada.

Roberto Centeno

    El nacimiento del periodismo supone el reconocimiento de la burguesía para consolidarse como clase social. Las Declaraciones de Derecho y el establecimiento de los decretos sobre libertad de imprenta, implica esa lucha de la burguesía por reconocer derechos fundamentales. La aprobación de la libertad de imprenta, fruto de la votación y aprobación de los diputados de las Cortes de Cádiz, provocará una serie de reacciones en diversos ámbito sociales e institucionales que son el tema de esta obra insoslayable.

    La investigación realizada por Jesús López de Lerma Galán se centra en el estudios de los Diarios de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810 a 1813, que son los años en los que se producen los casos analizados y la aprobación de los primeros decretos de libertad de imprenta, que morirán y resucitarán sucesivamente hasta el surgimiento en 1837 de la ley de imprenta. Antes de nuestra primera Constitución la Real Orden de 11 de abril de 1805 reservaba para el Rey la concesión de licencias en la edición de periódicos que, hasta ese momento, ejercía el Juez de Imprenta, institución administrativa creada para controlar y censurar los textos impresos.

    Las primeras formulaciones de los liberales a favor de la libertad de prensa se basaban en la idea de que era necesario conocer las ideas de los ciudadanos para gobernar con buen sentido. Además, decían que los males de España provenían de la ausencia de libertades políticas (despotismo) y de la ignorancia, dificultades que podían obviarse gracias a una prensa libre. Ya en el Estatuto de Bayona, concedido por Napoleón, en 1808, la imprenta tuvo un apartado importante, pues se preveía que en el plazo de dos años se decretaría la libertad de imprenta en el título dedicado a la Instrucción pública. Napoleón, heredero de los principios liberales emergentes de la Revolución Francesa, va a crear una falsa sensación de libertad de prensa, al crear una estructura comunicativa bajo su férreo poder y control. Por el contrario, el levantamiento popular de 1808 establece de hecho casi inmediatamente una libertad de imprenta que tiene como consecuencia una proliferación extraordinaria de periódicos y folletos que suponen el reconocimiento del principio revolucionario fundamental conquistado por el pueblo español con infinito valor. Aparece la opinión pública, un factor nuevo que sirve para dirigir y encauzar la prensa, y que va a adquirir su configuración y peso decisivo en el juego político. Blanco Martín señala que, frente a los intentos de control por parte de las Juntas, la libertad de prensa se puede considerar como conquistada. Antes de la aprobación en las Cortes de Cádiz de la libertad de imprenta, ya existían precedentes con las Constituciones de Bayona y el papel propagandístico que las fuerzas francesas supieron dar a sus periódicos. La opinión pública servirá para desarrollar todo un elenco de posibilidades para la libertad de expresión y de imprenta, que empezaban a despuntar como un factor determinante en la sociedad.

    Destaca el periódico El Semanario Patriótico, una publicación que inició su andadura el 1 de septiembre de 1808 y desarrolló el concepto de “opinión pública”. Su director fue Manuel José Quintana, madrileño nacido en 1772, académico de la Lengua y profesor de la reina Isabel. La figura de Quintana es de gran relevancia en la lucha por la libertad, en la historia del periodismo y en la búsqueda de un nuevo sistema que luchase contra la arbitrariedad y la tiranía.

    López de Lerma Galán nos recuerda que el interés por la supresión de la censura previa para todo tipo de impresos se generaliza entre 1809 y 1810. En estos años se producen múltiples manifestaciones en pro de la libertad de escribir, mediante peticiones dirigidas a las nuevas autoridades o campañas propagandísticas a favor de la prensa libre que realizan diversas publicaciones. Esta presión de la libertad trajo que el 10 de noviembre de 1810 las Cortes de Cádiz decretaran la libertad de imprenta, perdiendo la Inquisición su último gran poder, la censura. Y el 14 de noviembre de 1810 fue leída ante las Cortes Extraordinarias reunidas en Cádiz el dictamen de la primera ley que aplica en España los principios liberales sobre la regulación de la imprenta. La facultad de los ciudadanos para publicar sus ideas queda justificada en el preámbulo como medio de frenar la arbitrariedad de los gobernantes, ilustrar a la nación y conocer a la opinión pública. Y el Artículo 371 de la Constitución de Cádiz establecerá que “todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes”; y el Artículo 131 subraya entre las facultades de las Cortes “Proteger la libertad de Imprenta”.

    Con la llegada de Fernando VII y la Restauración del frustrante absolutismo se vuelve a prohibir la impresión y difusión de cualquier escrito que no contase con la previa autorización gubernativa. La mayoría de los periodistas liberales sufrieron en sus publicaciones y en sus propias carnes las consecuencias del cambio político. El último número de sus periódicos lleva fecha del 11 de mayo de 1814, el día en que según Carlos Seco, “España se había acostado liberal y se levantó absolutista”.

    Con el Trienio Liberal volvió de nuevo la libertad de imprenta. Las Cortes se plantearon la necesidad de elaborar una nueva ley de imprenta, que sustituyese a la de 1810, completada y rectificada por el decreto de 1813. El diputado Eugenio de Tapia, ex-miembro de la Junta Suprema, expuso en las Cortes el 17 de julio de 1820 que era necesaria una ley que suprimiese las vaguedades e imprecisiones de la anterior en cuanto a la calificación de los escritos y otros aspectos. Como resultado, se nombró un comité que empezó a trabajar inmediatamente en la elaboración de una nueva ley, que fue leída por primera vez en las Cortes el 15 de septiembre de 1820, aprobada el 22 de octubre y promulgada el 5 de noviembre. La Ley de articulado más extenso que la de 1810, representó un esfuerzo por tipificar los nuevos delitos y el establecimiento de las penas, correspondientes a cada uno de ellos según sus diferentes grados. Esta nueva legislación declaraba que “todo español tenía derecho a imprimir y publicar sus pensamientos sin previa censura”; de esta disposición general se exceptuaban sólo los escritos que “versarán sobre la Sagrada Escritura y los dogmas de nuestra santa religión, los cuales no pueden imprimirse sin licencia del Ordinario”. El pueblo comienza a gozar de la libertad de imprenta con frenesí, y su lenguaje intemperante corresponde con el desbordamiento de las emociones. Entre 1820 y 1823 se puede hablar de 700 periódicos en toda España, de muy diverso talante, temática y características técnicas. Asistimos a una evolución en el fenómenos del periodismo; así los periódicos van a poder ser adquiridos mediante suscripción, pero también serán vendidos, como números sueltos, en las calles por los ciegos, en las librerías o por mujeres con su esportilla en la Puerta del Sol. La proliferación de la lectura en la calle, y la incipiente presencia de diferentes publicaciones en los cafés de la época van a generar nuevos cambios sociales influidos por la prensa y la política.

    Desgraciadamente Fernando VII encontró la oportunidad de escapar de las directrices que marcaban la libertad de su pueblo con las potencias de la Santa Alianza. La llegada del absolutismo tras Trocadero cercenó los avances de las libertades de expresión y de imprenta. La restricción que se va a iniciar servirá para anular los factores conseguidos en el trienio liberal, y en consecuencia, asistimos al inicio de una etapa de cambio que supondrá la desactivación total de la prensa libre.

     Libro, en fin, este, de Jesús López de Lerma Galán, insoslayable para cualquier periodista de raza, y para todo aquel que se sienta amigo de la libertad de expresión, tantas veces amordazada o corrompida en nuestro país, o sencillamente guste de los libros de historia bien escritos ( esto último rarísimo en la España actual ).

Fotografía: Monumento a las Cortes de Cadiz

     Martín-Miguel Rubio Esteban

Las excusas inicialmente ofrecidas por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ante la denuncia por malversación de caudales públicos realizada por compañero de órgano de gobierno denotan la corrupción moral y jurídica de nuestra Justicia. Antes de aparecer nuevas evidencias del mayor calado económico de los hechos, Dívar oponía a las acusaciones de Gómez Benítez la insignificancia de los gastos cargados al erario público por estancia de placer en Marbella, hoteles y restaurantes de lujo incluidos, durante varios puentes festivos.

Parece que Dívar se aferra a la “doctrina Camps” de modo exculpatorio. Peculiar línea de defensa que despenaliza los delitos cometidos por cargos y funcionarios públicos en atención a la cuantía del ilícito. Aunque parezca mentira, es momento de recordar que la tipificación penal de los delitos castigados por la cualidad del sujeto activo de cargo público en el ejercicio de sus funciones son perseguidos independientemente de su cuantía. Y ello por cuanto el bien jurídico protegido no es de naturaleza patrimonial, sino que el principalmente amparado es la probidad debida del titular del puesto. Tanto la sistemática como la punición del cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y la prevaricación así lo subrayan. Ninguno de ellos se encuentra ínsito en el Título XIII del Código Penal referido a los delitos contra el patrimonio, sino que tienen su propia ubicación en los Títulos XIX y XX correspondientes a los delitos contra la administración pública y contra la de Justicia.

Es más, en lo referido a la punición, al contrario que los delitos contra el patrimonio, como el hurto o los daños, en los delitos cometidos con abuso del cargo público no existe diferenciación entre el delito y la falta por razón de la cuantía, lo que pone a las claras cual es la naturaleza del bien jurídico protegido por el ordenamiento penal en cada caso. Por tanto las objeciones de Dívar a la denuncia ante la Fiscalía calificando los hechos como “poco cuantiosos” cuando no directamente como “una miseria” no sólo redundan en su propio reconocimiento de culpa, sino que le descalifican moral y técnicamente para el cargo para el que fue elegido por el consenso de los partidos de estado.

Plus descalificatorio por la naturaleza de su cargo, que no es sino la jefatura del comisariado político en la Justicia, que deriva de la capacidad técnica que, como el valor, se le supone y que con estas afirmaciones queda en el entredicho. Respecto a las objeciones morales nada nuevo cabe añadir, ya que cualquier jurista que acepte ese rol institucional queda absolutamente descalificado por si mismo desde el momento en que asume ser la marioneta del consenso para controlar la Justicia.  Y es que desde ese preciso instante se acaba la labor del jurisperito y empieza la del pastelero.

Pedro M. González

      La elección sólo es racional en el análisis del discurso (voto a Dº Pepito y no a Dº José porque el discurso de aquél es más próximo a mis deseos, a mis convicciones), no en lo referente a la satisfacción real del interés propio (Dº Pepito ha hecho lo mismo que hubiera hecho Dº José, perjudicarme).

     El dilema del elector es el eterno problema de todo régimen dizque representativo: ¿cómo asegurar el cumplimiento de un mandato cuando el elegido puede hacer lo contrario de lo que prometió defender?

          Una de las consecuencias de éste dilema es el prestigio de la ideología. Dado que no puedo asegurar con criterios racionales cuál es la alternativa que maximiza mi interés, opto por el método sub-racional de elección que me ofrece la ideología, esto es, pre-juicios que sirven, sobre todo, para decidir lo que no tengo que hacer (no tengo que votar a la derecha o no tengo que votar  a la izquierda), con independencia de que realizar elecciones bajo estas premisas sea ineficaz como forma de lograr beneficios particulares de ningún tipo.

      Mientras llega la democracia de veras representativa, al elector le queda el consuelo de deponer al elegido desleal en futuras convocatorias electorales –me dirán-, aunque el sustituto pueda incurrir en nuevos incumplimientos.

   Que los impuestos fueran voluntarios sería otro alivio, quizás eficacísimo. Veamos cómo conseguirlo.

      Las condiciones de la cooperación serían estas:

          a) Partimos del supuesto de que una persona es racional en tanto en cuanto intente maximizar su interés, ya sea egoísta, altruista o los dos a la vez.

         b) El acuerdo entre individuos racionales debe alcanzarse internamente entre los concernidos sin intervención de elementos externos (el Estado) que modifique sus preferencias.

         c) El éxito de la cooperación depende en gran medida del número de cooperadores y de que éstos lo hayan intentado muchas veces con anterioridad.

         d) Nadie está obligado a colaborar.

          No obstante, a primera vista confluyen dos obstáculos que podrían hacer inviable la provisión de bienes públicos con impuestos voluntarios. Son el egoísmo y los “gorrones”.

         Si las partes no se ponen de acuerdo en qué servicio prestar ni cómo financiarle, los intereses individuales pueden hacer fracasar la consecución del bien público, que recordamos es el que se ofrece de forma conjunta y no permite excluir a nadie de su consumo, como en el caso de la utilización de una acera.

         Incluso si se llega a producir el bien, el problema serían los “gorrones”, esto es, aquellos que se benefician de él sin participar en los costes, lo que podría provocar si su número fuera importante la desafección de los cumplidores y el fin de la prestación del bien o servicio.

      Sin embargo, los estudios científicos acerca de la cooperación han demostrado que ésta no es un asunto que dependa sólo o esencialmente del sanchopancismo de cada uno, ni de que el Estado la fuerce (véase el fraude fiscal), sino de que dé comienzo.

      Así, todo intento de colaboración parte de una invitación para hacerlo, en el entendimiento de que el reparto de los trabajos incrementa la productividad. Por tanto, se empieza cooperando para ofrecer a los otros la posibilidad de que sigan haciéndolo en interés de las partes, evitando de esa manera el peor resultado que supondría la no cooperación.

Pero una vez iniciada, la posibilidad de que la cooperación continúe es directamente proporcional a dos elementos:

       a) Que las partes se tengan que volver a encontrar en el futuro, pues la necesidad de contar con el otro mañana les obligará a todos a respetar los pactos hoy (estrategia del “toma y daca”).

      b) El conocimiento tanto de los que colaboran como de los que no lo hacen, pues de esta manera el “gorrón” queda en evidencia.

Resumiendo, la cooperación exige repetición y publicidad, y la repetición y la publicidad de la cooperación generan más cooperación, sea cual sea el egoísmo de los partícipes.

Llegados hasta aquí obtenemos una consecuencia quizás inesperada, porque reclamar que los impuestos sean voluntarios no es una fórmula asaz artera para evitar contribuir a los gastos comunes, sino la única manera de asegurar la máxima calidad y el menor coste en la prestación de servicios públicos.

Las donaciones estarían condicionadas a que se ofrezcan los mejores bienes al precio más económico. En caso contrario, el bien no se producirá o se buscará otro suministrador, corolario último de la necesidad del consentimiento para generarlos y sufragarlos.

      En pocas palabras, los impuestos voluntarios constituyen el fin del monopolio del Estado caníbal en la provisión de bienes y servicios públicos de mala calidad y deficitarios.

        El fin del larriano “vuelva usted mañana”.

                                                        Jorge Sánchez de Castro Calderón.

Existe una alternativa democrática, inteligente, justa, limpia y que nos daría un futuro de esperanza y progreso a todos los españoles. Se llama LA 1ª REPUBLICA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA, tal como ha dicho Zoilo Caballero en la Mesa de redacción.

Seria la primera vez en la historia de España en la que la sociedad española, harta de comportarse como súbditos (que no como ciudadanos) ante el poder político, pase a tomas las riendas de la situación y asuma su  responsabilidad que no es otra que aquella que deriva de la LIBERTAD POLITICA O COLECTIVA y que es la RESPONSABILIDAD DE SER CIUDADANOS en una sociedad democrática.  .

La alternativa que proponemos[1] para la articulación del estado se basa en dos principios: 1º -la Separación de poderes  en origen  y  2ª-la representación de los electores.

Se elegirán de forma separada la Asamblea Nacional de Diputados y el Presidente del Ejecutivo.

 Los Diputados de Distrito serán elegidos en circunscripciones pequeñas (distritos de 120.000 habitantes[2]), en candidaturas uninominales y a doble vuelta, representan por tanto a los vecinos, no a los partidos;  acudirán a la Asamblea Nacional o Cámara de representantes, con mandato imperativo de los vecinos. Tendrán oficina del diputado en el distrito y se reunirán periódicamente con sus electores. Es un poder de representación independiente del ejecutivo, en el que el Gobierno ni Banco o gran empresa podrá manipular ni ejercer presión ni chantaje alguno.

El Presidente de la Nación, Presidente de la República Constitucional o del Gobierno será elegido también por elección directa de todos los españoles, a doble vuelta y por mayoría en una única circunscripción de toda España. Se garantiza así también, que el  presidente lo es de la mayoría de todos los españoles. Es independiente del poder Legislativo. No tendrá nunca chantaje de ningún partido nacionalista, ni de ningún otro partido, ni de Banco o Gran Empresa.

El Poder Judicial será igualmente independiente de los otros dos poderes del estado, en presupuesto, y elección de cargos de su órgano de gobierno.

Los tres poderes deben ser independientes y hacer de contrapeso uno del otro, deben vigilarse con celo en aras de garantizar una limpieza y transparencia en todo el juego político.

El proceso no será fácil. Habrá que estar muy atento pues el poder constituido se opondrá, se aferra con todos sus resortes a la posición de privilegio de la que goza.

El cambio no podrá nunca venir desde dentro del sistema.

El poder constituyente, que es el único legítimo y que debe emanar de la voluntad de los ciudadanos  debe activarse para revertir la situación.

Los ciudadanos podemos y debemos contribuir a este proceso : 1º Sabiendo lo que queremos(CONOCIMIENTO); La democracia formal encarnada en la República Constitucional,  2º Divulgando la información sobre la Libertad Política, la separación de poderes y la representación política, a todos los ciudadanos.

3º No participando en las sucesivas votaciones que se convoquen , porque no podemos elegir,- solo podemos plebiscitar listas de partidos-, no podemos elegir personas responsables que nos representen. Tenemos que animarnos a convocar un acto de desobediencia civil, para no acudir a las urnas. Abstención electoral activa para deslegitimar al régimen de poder. Esto no es democracia.

Necesitamos abrir un periodo de LIBERTAD CONSTITUYENTE, YA para que los españoles, de manera pacífica e inteligente puedan elegir mediante un referéndum electivo, -de entre tres opciones diferentes que se presenten-,  y no plebiscitario, la forma de Estado y de Gobierno… estas tres opciones podrían ser: La actual Monarquía de Partidos –más de lo mismo-, la República Federal, -la vuelta al pasado-,  y la que proponemos nosotros, la República Constitucional, -propuesta de futuro sin los vicios y los errores del pasado-.

SI somos capaces de organizar un proceso constituyente del que se derive la redacción de una nueva constitución que asegure la separación de poderes y la representación de la sociedad, y devuelva a la sociedad civil todas las organizaciones políticas y sindicales, podremos esperar que los ciudadanos  construyan un futuro mejor y en libertad y en un ESPACIO PÚBLICO  recuperado de manos de la partidocracia y de sus medios de desinformación.

Antonio  Muñoz Ballesta.