Hemos analizado hasta ahora en esta serie como la voluntad separatista de cierto número de integrantes de una realidad nacional que les preexiste es incapaz de alterar esa realidad física y objetivamente dada que es la nación. Existe sin embargo un único caso en el que la voluntad plebiscitaria puede llevar a la secesión. Es el supuesto de Estados independientes posteriormente federados a otros, y que han incluido reserva constitucional que recoja tal posibilidad de secesión. Aquí, el referéndum secesionista no cuestiona la exista nacional propia, sino el pacto federativo con otro u otros estados previamente aceptado. Es decir, no se sustancia la pertenencia a la nación, sino la continuidad o no de lazos asociativos.
Por eso en España resulta imposible la solución federal que algunos inocentemente proponen. Porque para que exista federación tienen que existir previamente Estados que federar, lo que en España no sucede ni ha sucedido jamás. Si quisiéramos construir en España un Estado federal, primero habría que romper el Estado en tantos pedazos como Estados a unir luego en el pacto federativo. Lo que resulta imposible es pasar de una organización regional autonómica a un Estado federal sin revestir primero de plena, absoluta e ilimitada soberanía estatal mediante la independencia a cada uno de los Estados a federar.
Descartada la solución federal, por incompatible con la realidad nacional española, que es única al no existir más Estado que el español, fracasada la autonómica, e inasumible la centralista, y frente al antidemocrático activismo cultural y político de los nacionalismos periféricos, no queda más remedio que acudir a la razón de su potencia y poder en el Estado para plantear la solución a la problemática de la cuestión territorial. Tal situación de fuerza tiene su origen en un sentimiento antiespañol propiciado por la transición, que estableció como premisa la permanencia en el poder de los servidores últimos de la dictadura, de hombres que oprimieron conscientemente lenguas, culturas y sentimientos de catalanes, vascos y gallegos y que éstos continuaban viendo como represores, llevándoles a identificar directamente la conciencia nacional española con el fascismo.
Se trata en primer lugar de hacer ver como estos elementos represores fueron apoyados y mantenidos en el poder precisamente por los dirigentes del nacionalismo clandestino, que no tuvieron reparos en aceptar la situación mientras fueran invitados a los salones del poder, acreditando así únicamente su voluntad única de conquistar Estado sin importar cual sea éste.
Resulta evidente la dificultad de encontrar el cauce político democrático por donde hacer discurrir y encauzar las emociones y sentimientos generados y ya preexistentes de una auténtica realidad nacionalista que, como la propia nación, resulta innegable.
La única alternativa democrática racional que funcionaría como elemento neutralizador e integrador de las demandas nacionalistas que acabe con el actual proceso centrifugador del estado, potenciado por el actual mecanismo constitucional que permite mantener abierto un proceso continuo de transferencias competenciales a las autonomías es el presidencialismo. Éste asegura la unidad del Estado porque el Presidente es elegido directamente por todos los ciudadanos y porque obliga a los candidatos a incluir en sus programas las aspiraciones legítimas de los diferentes pueblos. La aplicación del sistema presidencialista a los municipios, los constituiría en auténticos poderes locales que permitiría su descentralización del Estado y la eliminación de las oligarquías políticas regionales generadas por el Estado de las autonomías.
Si el presidencialismo garantiza la representatividad de los intereses regionales ante el ejecutivo sin dar lugar a la desintegración de la unidad del Estado, su presencia en el legislativo sólo encuentra efectivo equilibrio representativo a través del establecimiento del sistema mayoritario por distrito electoral uninominal de los parlamentarios, en el que la votación otorga una situación de igualdad a todos los ciudadanos independientemente de la localidad o provincia donde se hallen, o de la adscripción del candidato a un partido de implantación estatal o solamente regional.
En definitiva, la cuestión nacional de España es indisoluble a la solución de la crisis de este Estado de partidos, autonomías y poderes inseparados, y no quedará resuelta hasta que no tenga lugar la transformación democrática del Estado.
