Año II, n° 202, miércoles 10 de marzo de 2010

(foto: bastian.)

 

Como el Tribunal Constitucional (TC) es un órgano político, elegido por políticos e integrado por políticos disfrazados de jueces, es imposible que sus decisiones se guíen por el Derecho. Los criterios decisorios son pura y simplemente de oportunidad política según el juego coyuntural de mayorías. Tal evidencia perdura sin ser discutida institucionalmente porque esa es precisamente su función, servir de último filtro de una justicia de por si sometida y controlada desde la sociedad política. En el Estado de poderes inseparados, sus actores protagonistas, los partidos, no aspiran a una justicia independiente sino a ser ellos quienes la controlen, esperando impacientes a que llegue su turno.

 

El empresario de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) al que le ha sido confirmada la multa de 800 € por rotular su negocio sólo en castellano, presentará un recurso de amparo ante el TC según informó ayer su letrado, D. Ángel Escolano. El recurso, según el abogado, se fundamentará en los artículos 14 y 20 de la Constitución, que garantizan la igualdad de todos los españoles ante la Ley y a la libertad de expresión. El recurso llega tras la confirmación por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Barcelona de la sanción que le impuso la Generalidad por rotular su negocio inmobiliario sólo en castellano.

En la sentencia el juzgado de instancia considera que la multa a Manuel Nevot, propietario de Finques Nevot, es ajustada a derecho y que si se sancionó al empresario no fue por la utilización del castellano, “como así ha querido dar a entender a lo largo de todo el procedimiento, sino por no haber utilizado cuando menos el idioma catalán”. Esta falta de utilización del catalán supone, a juicio del Magistrado, una vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores que no se habría producido si el cartel hubiera estado redactado en las dos lenguas o en cualesquiera otras además del catalán.

 

La administración autonómica sancionó a Nevot con dos multas de 400 € cada una por no tener un cartel en catalán en la puerta de su negocio y por no tener hojas de reclamaciones en este idioma. A juicio de su abogado, la sentencia supone un grave atentado “a los principios básicos de un Estado de Derecho al legitimar una conducta de la administración que conculca aspectos básicos de la Constitución y consagrar un orden político en el que el gobierno lo puede todo”.

 

Con lo que no cuenta el defensor es con que esa potencia del gobierno que refiere, en este bendito “Estado de derecho”, llega hasta el propio TC.

Pedro M. González
  
 
Ejemplar Garzón

Salvo en algunas ocasiones excepcionales, donde arranques de orgullo corporativista han llevado a los jueces a implorar a los señores de los partidos estatales una dignidad que resulta ajena a las reglas del juego que garantizan la impunidad partidocrática, la cabeza del organismo judicial español, cuando ha tenido que tratar “asuntos de Estado”, se ha caracterizado por ser -siguiendo una larga tradición autoritaria- un mero apéndice del poder ejecutivo.

 

Los miembros del Consejo General del Poder Judicial, haciendo “honor” a la dependencia de quienes los han promocionado, han cumplido la misión de disciplinar a los magistrados insumisos y controlar a los que han abrigado alguna esperanza de independencia con respecto al poder político.

 

Cuando se está apagando el brillo prestado del opaco astro garzoniano, a causa de un conjunto de incongruencias que despiden un olor tan intenso a prevaricación que ni siquiera el CGPJ puede apartarse de él o al menos disimularlo, los devotos del juez estrella vuelvan a sacarlo en andas para tratar de evitar su defenestración. Desde el mundo de la progresía y de la farsa cultural del Régimen, arrecian las denuncias acerca de la cacería emprendida por “los corruptos y la extrema derecha” contra el incorruptible y (como decía el juez Navarro) “progresante” Garzón. En esta romería, cabe destacar una vez más la complicidad y desvergüenza intelectuales de “El País”, que ha desatado una furiosa campaña de propaganda y desagravio garzonianos.

 

En cualquier caso, no hay la menor duda respecto a la ejemplaridad de Baltasar Garzón: es un paladino ejemplo de juez politizado y mediatizado, puesto en la picota por los mismos que ante lo mitificaban: fue encumbrado, como paladín en la lucha contra el terrorismo de Estado, por una clase de oportunismo (eL PP y “El Mundo”), y ahora, en su persecución parcial de la corrupción inherente a la Monarquía de Partidos, es ensalzado por el otro bando (PSOE y Prisa).

 

Sin Libertad política y con desmoralización social, sin una vida pública transparente y con el negocio secreto que acompaña al consenso político, reinan la mentira y la maledicencia, la intriga y la adulación, el dinero sucio pero fácil, la ansiosa búsqueda de ocasiones de enriquecimiento, la renuncia a los propios principios para asociarse con los que proporcionan ventajas, el arribismo de los especialistas en zancadillear al compañero, y en suma, la desenfrenada deslealtad que exige una vida dedicada al triunfo social a costa de lo que sea y a la impudicia de la fama sin causa honorable.

 

 

 

 

 

"A pure theory of democracy"

 

 

Publicada la traducción inglesa de "Frente a la gran mentira"